Energía

Las eléctricas se enfrentan a Industria por 900 millones

La sustitución de la llamada garantía de potencia por un nuevo incentivo denominado servicio de capacidad enfrenta a las eléctricas con Industria. El cambio supone reducir este incentivo de 1.200 millones a 300 millones, que pagarán los consumidores en la tarifa de este año. A través de Unesa, las empresas alertan sobre el riesgo para el suministro de esta medida.

Las eléctricas se enfrentan a Industria por 900 millones
Las eléctricas se enfrentan a Industria por 900 millones

La orden ministerial por la que se revisan (y, en este caso, se congelan) las tarifas eléctricas para el tercer trimestre incluye también la desaparición de la llamada garantía de potencia, un incentivo que reciben las centrales por funcionar un mínimo de horas anuales y que, según Industria, supondrá 1.200 millones de euros en la tarifa de este año. Este pago, destinado a garantizar la fiabilidad del suministro no desaparece, sino que se modifica la fórmula para fijar la retribución, lo que se traduce en una drástica reducción de 900 millones sobre aquella cantidad.

El nuevo sistema, que pasa a llamarse servicio de capacidad y entra en vigor el 1 de octubre, ha encendido los ánimos de las eléctricas que, en el consejo consultivo de la electricidad de la Comisión de la Energía que se reúne mañana para tratar sobre la citada orden ministerial que tramita el regulador (sin carácter vinculante), harán llegar su descontento a través de Unesa. Todavía ayer por la tarde la patronal intentaba recabar una posición común.

Las eléctricas más afectadas (se da por hecho que las centrales de carbón y las nucleares dejarán de percibir la subvención), transmitirán a través de Unesa su preocupación por una medida que ya esperaban, pues el ministerio la viene preparando desde hace meses. Las eléctricas auguran 'problemas de suministro, pues no habrá una señal económica para que las centrales que no son rentables, como las de fuel, estén disponibles en momentos críticos'.

En general, las empresas confían en que, dado que la orden todavía está en trámite y sin desarrollo reglamentario (algo que corresponde al operador del sistema, REE), aún se puedan paliar los efectos negativos de su aplicación. Por ejemplo, señala un directivo, 'aún no se ha decidido qué tecnologías se verán afectadas ni las sanciones'. Sin embargo, a la vista del texto legal, todo indica que sólo se salvarán las centrales de fuel y las hidráulicas (en el llamado servicio de capacidad a medio plazo) y las nuevas centrales de ciclos combinados (en el servicio de capacidad a largo plazo).

Siguiendo, aunque sólo en parte, las recomendaciones de un informe elaborado en junio por los reguladores energéticos de España y Portugal, Industria ha establecido dos tipos de incentivo: uno, por disponibilidad a medio plazo (para periodos inferiores a un año), que recibirán las empresas que lo contraten y con el que se quiere asegurar el suministro en las puntas de demanda de enero y julio, y, un segundo (a largo plazo), con el que se pretende incentivar la inversión en nuevas centrales, por lo que éste se ofrecerá, por un periodo de 10 años, a las instalaciones hayan entrado en funcionamiento tras la promulgación de la ley eléctrica de 1998.

Este pago por capacidad a largo plazo, del que se beneficiarán las centrales de gas, ha sido bien recibido por las empresas, 'pues da una cierta estabilidad regulatoria a las plantas que se construyeron bajo el paraguas de la garantía de potencia', indican fuentes del sector que, no obstante, consideran que las inversiones medioambientales realizadas en las antiguas centrales, como las destinadas a la desulfurización del carbón, también deberían incluirse en estos supuesto 'lo que perfeccionaría el mecanismo'. La fórmula para el pago de este incentivo será proporcional al índice de cobertura.

Para las empresas el problema se plantea con el servicio de capacidad a medio plazo (de cuya contratación se ocupará REE), pues 'es discrecional, arbitrario y deja su desarrollo reglamentario al operador'. Aunque no se ha determinado el pago por este servicio, el incentivo será equivalente a los costes fijos de las centrales que sólo recuperarían los costes variables si deben funcionar para garantizar el suministro. Industria también incentivará, en este caso, a las hidráulicas (la única energía almacenable) para que les compense soltar agua cuando el operador del sistema se lo requiera.

Ante la indefinición que existe sobre el pago y la falta de transparencia del incentivo, fuentes de las empresas consideran que éstas optarán por arbitrar buscando un mayor margen en otros mercados. Máxime en estos momentos con altos precios de los combustibles, como el carbón o el gas.

La patronal podría denunciar el papel de REE

El desarrollo del nuevo incentivo por capacidad lo hará el operador del sistema, que será el encargado de la contratación del nuevo servicio. Industria refuerza así, una vez más, los poderes de REE, lo que ha provocado el descontento de las eléctricas. æpermil;stas se oponen al papel que el operador va a desempeñar en el nuevo sistema de garantía del suministro, porque, entre otras cuestiones, 'resta transparencia al proceso'. En este sentido, los expertos de Unesa estudian la legalidad de la orden ministerial en lo referente a la potestad que atribuye al operador. La orden establece, además, que las penalizaciones por incumplimiento del servicio serán el 110% de la retribución que le hubiera correspondido a la empresa en el periodo contratado.

Otro asunto que ha soliviantado al sector ha sido el hecho de que Industria, que se basa en el modelo británico, haya 'ignorado prácticamente' el informe elaborado en su día por la CNE y su homólogo portugués a petición de la propia Industria.