Expropiar es limitar
La geografía española está inundada de actuaciones municipales que inciden notablemente en los precios y en la corrupción urbanística, según el autor. En su opinión, la nueva Ley del Suelo perjudica a los propietarios y no va a resolver este problema.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha calificado de estalinista a la reciente Ley del Suelo promovida por el Gobierno Zapatero. Muy probablemente se trata de un exceso verbal propio del debate político, pero es lo cierto que la citada Ley destila un aroma difícilmente compatible con los principios de una economía libre.
La propia exposición de motivos -frontispicio en el que toda norma realiza su declaración de intenciones- es una joya representativa del conjunto de concepciones que ilumina a los redactores de la Ley. Como muestra, para ellos hasta ahora toda la legislación española sobre el suelo estaba sesgada a favor de los derechos subjetivos de los propietarios afectados frente a los intereses generales. Conozco a decenas de ciudadanos conquenses que fueron desalojados de sus viviendas -donde habían nacido ellos y sus antecesores- para que el término municipal de su pueblo fuera anegado por las aguas de un pantano. Sin duda alguna, les gustaría poder debatir dicha manifestación con los autores de semejante afirmación.
Puestos a elegir, la mayor agresión al derecho constitucional a la propiedad privada y correlativamente el signo más evidente de la deriva estatista de la Ley viene constituido por el modo de valorar el suelo expropiado. Aceptado que ante el interés general la propiedad privada puede limitarse mediante la figura de la expropiación forzosa, es incuestionable que con ésta lo que no puede hacerse es de manera adicional perjudicar patrimonialmente al expropiado. Para ello se utiliza el justiprecio, o compensación al propietario, que no es sino una forma de precio que se impone forzosamente al vendedor -sobre la previa imposición de la venta obligada-.
Si los responsables de la ley hubiesen leído a nuestros clásicos tendrían una noción de lo que es un precio justo
Pues bien, si los responsables de la Ley hubiesen leído a los estudiosos clásicos de nuestra economía tendrían una noción de lo que es un precio y, sobre todo, de lo que es un precio justo. Ambas cuestiones fueron tratadas profusamente por nuestra histórica Escuela de Salamanca, la que según Hayek da origen a los principios de la economía de mercado. Así, para Diego de Covarrubias el precio de una cosa depende de la estimación subjetiva de los hombres; para Luis Saravia el justo precio de la cosa nace de la abundancia o escasez de los bienes, de los proveedores de bienes, y del dinero: y para Tomás de Mercado el precio justo es el que corre de contado públicamente y no habiendo en ello fuerza ni engaño.
Lamentablemente, las fuentes en las que se inspiran los hacedores de la Ley están menos comprometidas con la libertad económica -y por tanto con la libertad- que los autores citados. Por ello, manifiestan que el valor -a efectos de justiprecio- de un suelo expropiado no debe reflejar cual va a ser su destino, sino cual es su situación actual.
Semejante consideración resulta, además de contradictoria con toda la teoría económica que explica la formación de los precios, un auténtico atropello -calificable de expolio- para el propietario expropiado, al que el Estado le priva forzosamente de su propiedad y a partir de ahora puede pagarle un infraprecio por la misma. Como adicionalmente resulta que el aumento del valor del suelo trae su consecuencia en el cambio de calificación administrativa que decide el propio Estado, resulta que éste se enriquece injusta e indebidamente a costa del propietario, blandiendo unas competencias probablemente abusivas y, en todo caso, ejercidas con abuso.
De ese modo, un ayuntamiento puede expropiar suelo rústico, pagarlo como tal, recalificarlo como urbanizable y utilizarlo para la construcción de viviendas que vende a precios subvencionados, recayendo a partir de esta Ley buena parte de la carga material de la subvención en el propietario expropiado -o confiscado-. Como vemos, una reedición moderna deliciosamente naif del mito de Robin Hood, pero de todo punto incompatible con una economía de mercado basada en el respeto y el derecho a la propiedad privada.
Eso sí, aunque los responsables de la ley tampoco habrán leído a Marcuse, sí se han forjado en el espíritu de su libro La tolerancia represiva. Por ello, tienen muy claro que quien critique a su ley es perversamente nocivo, insolidario, retrógrado y, probablemente, fascista, además de estar a favor de la corrupción y la especulación urbanística. Corrupción y especulación que por supuesto ¡a ver quien se atreve a negarlo! van a desaparecer con la nueva Ley.
Lo cierto y verdad es que en cuestión del suelo, toda la geografía española está inundada de actuaciones municipales extralege que inciden notablemente en los precios y en la corrupción. Sobre este tema, la nueva Ley del Suelo va a resultar completamente inocua, porque en ese punto las autoridades estatales han preferido mirar hacia otro lado.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI, presidente de PAP-Tecnos y consejero de Elduayen Fotovoltaica