Estrechar el cerco al fraude inmobiliario
La batalla contra el fraude fiscal tiene en el sector inmobiliario su principal campo. Pero la actividad del sector es tan amplia y las formas de engañar al fisco tan variadas que se hacen necesarios constantemente nuevos métodos para estrechar el cerco a los defraudadores. En esa línea, el Ministerio de Economía y Hacienda prevé poner en marcha una nueva medida que pretende acabar con las sobrevaloraciones de las viviendas. Se trata de exigir a las entidades de tasación que incluyan en sus valoraciones los datos que sobre cada inmueble tenga el Catastro. De esta forma se pretende acabar con la práctica, de ciertos intermediarios financieros, de ofrecer préstamos hipotecarios por encima del 80% del valor de tasación, con lo que la aumentan artificialmente.
La medida puede tener además un doble impacto positivo. Por un lado, contribuirá a la solvencia de las entidades financieras al asegurar valoraciones realizadas de manera prudente y sostenible en el tiempo, en la línea que demanda el Banco de España. Es decir, elimina riesgos. Pero también puede servir para expulsar del sector a aquellos actores que operen de forma irregular.
Se trata de un paso más en la cruzada contra el fraude, que se suma a otras medidas en el camino correcto, como la mayor implicación de los notarios, que deberán dar la alerta a Hacienda si detectan irregularidades en una operación, o la obligatoriedad de incluir en la declaración del IRPF la referencia catastral. Desde la actualización del valor de mercado de las viviendas que está desarrollando el Catastro -medida altamente complementaria con la que ahora se anuncia- hasta algo tan simple como que las eléctricas identifiquen quién paga realmente cada recibo de la luz, cualquier iniciativa será buena si ataja el fraude. Sólo hará falta que también se aplique con eficacia y persistencia.
