Laboral

La guerra de las mutuas con los servicios de prevención

La segregación de las actividades preventivas de las mutualistas desde 2005 no convence al sector.

La querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó la pasada semana contra de la Mutua Universal ha sembrado dudas sobre la integridad de la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El primer organismo que alzó la voz en contra de que las mutuas ejercieran actividades privadas fue el Tribunal de Cuentas. Desde hace años ha puesto de manifiesto distintas irregularidades y faltas de control contable en las mutuas, a pesar de que la Intervención General de la Seguridad Social audita sus cuentas todos los años.

Una de las quejas históricas respecto al funcionamiento y contabilidad de estas entidades provenía de las empresas de servicios de prevención ajenos, que son aquellas que se dedican a elaborar los planes de prevención para el resto de empresas y realizar la vigilancia en la salud de los trabajadores.

Desde hace siete años, la patronal de los servicios de prevención ajenos (ASPA) ha denunciado que las mutuas practicaban 'competencia desleal, porque utilizan el personal y los recursos públicos de la Seguridad Social, para financiar sus actividades privadas en el sector de la prevención de riesgos'.

El Gobierno terminó dando la razón al Tribunal de Cuentas y a ASPA, y en 2005 aprobó un decreto que obligaba a todas las mutuas a segregar totalmente sus actividades privadas como servicios de prevención de riesgos de su actividad como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, con la que cogestionan las bajas laborales de los trabajadores.

Estas entidades acataron el decreto y crearon empresas privadas, con estructura, contabilidad y cúpulas directivas totalmente distintas y propias. Además, según explican fuentes de una de las principales mutuas del país: 'para que Trabajo nos autorizara a crear estas empresas tuvimos que presentar informes de segregación, en los que tuvimos que reconocer en los balances de las futuras empresas la deuda contraída con la Seguridad Social por haber usado la infraestructura de la mutua para actividades privadas'.

Sin embargo, a pesar de todo esto, ASPA considera que muchas mutuas siguen utilizando su infraestructura financiada enteramente con dinero público y, sobre todo, usando su personal al que también paga la Seguridad Social, para financiar sus empresas de servicios de prevención ajenas. Por ello, presentaron una denuncia por esta situación correspondientes a la actividad de todas las mutuas en 2003, 2004 y 2005 ante el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esta denuncia 'está admitida a trámite y tiene abierto un expediente sancionador', explicó Juan Prats.

La sentencia se espera para principios del próximo año, pero independientemente de cuál sea su resultado, la patronal prevé seguir denunciando ante el Tribunal de Defensa de la Competencia a las mutas que mezclen sus actividades mutualistas con las de los servicios de prevención de riesgos. 'Está por ver que haremos, porque sigue habiendo competencia desleal, por parte de algunas mutuas'. añadió Prats.

Hasta el momento, ASPA ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo por este motivo a Fremap y a la Mutua Universa. De hecho, según admitieron fuentes del Ministerio de Trabajo, una parte de la querella por presunta malversación de fondos públicos que Anticorrupción ha puesto a la Mutua Universal, tiene como trasfondo esta competencia desleal de su sociedad de prevención (Unipresalud).

Ante este panorama, fuentes de CC OO señalaron que el Gobierno debería ir más allá y mejorar el control financiero de las mutuas. Es más, aseguraron que tienen un 'principio de acuerdo' con el Ejecutivo socialista para 'aumentar la participación de todos los agentes económicos (incluidos los sindicatos) en la gestión de las mutuas', hasta lograr una cogestión.

Las supuestas pruebas del delito

Las pruebas que esgrime la patronal de las empresas de servicios de prevención ajenos (ASPA) para acusar a algunas mutuas y sus sociedades preventivas de competencia desleal se basan, fundamentalmente en el uso del personal pagado por la Seguridad Social.

Según los cálculos de ASPA, para ofrecer 'un funcionamiento normal' una sociedad de prevención debe tener un empleado por cada 400 trabajador protegido, 'y muchas de las sociedades preventivas de las mutuas tienen uno por cada 1.400 protegidos'. Esto significa que usan personal que trabaja para la mutua, y al que paga la Seguridad Social con dinero público, para labores preventivas de carácter privado.