La Fiscalía inculpa al gerente de Mutua Universal, Juan Aicart
La Fiscalía Anticorrupción precisó ayer que la querella presentada contra los responsables de Mutua Universal por supuesta malversación de fondos públicos se dirige contra el director gerente de la entidad, Juan Aicart Manzanares, y 'varios de sus más directos colaboradores', pero no contra la junta directiva ni contra su presidente, Juan Echevarría.
En un escueto comunicado, la Fiscalía Anticorrupción advierte, no obstante, que, como es habitual en estos casos, el número de imputados en una causa penal pueden aumentar o disminuir durante la instrucción de la misma.
El fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción en Cataluña, Emilio Sánchez, reconoció que existen 'indicios' de una supuesta doble contabilidad de Mutua Universal, aunque señaló que 'no podrá confirmarse su existencia o inexistencia hasta que no se examinen detalladamente toda la documentación y soportes informáticos intervenidos'.
Sánchez insistió en que las investigaciones relacionadas con la querella se están llevando a cabo 'de la forma menos lesiva posible' para el funcionamiento de la mutua y aclaró que estas actuaciones 'no van a entorpecer la prestación normal de sus servicios', ya que la actividad de la Mutua como institución 'no está en riesgo alguno, ni cabe sembrar inquietud alguna al respecto'.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) registraron durante buena parte del miércoles la sede central de la Mutua Universal, situada en la avenida Tibidabo de Barcelona, donde se incautaron de abundante documentación y soportes informáticos para examinar la posible doble contabilidad que podrían estar llevando a cabo algunos de sus responsables.
Mientras se esclarece el caso, continúan las voces que exigen a la Administración que depure al máximo las responsabilidades por este nuevo caso de corrupción.
El peso de la ley
El sindicato CC OO e IU reclamaron ayer que 'caiga todo el peso de la ley' sobre los responsables de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos de la Seguridad Social, delito societario y de administración desleal cometidos por Mutua Universal, según informaron ambas organizaciones en sus comunicados.
Por su parte, la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) aclaró ayer que las mutuas de accidentes de trabajo son entidades 'completamente diferentes' a las mutuas y compañías aseguradoras que desarrollan su actividad bajo la supervisión del Ministerio de Economía, y recordó que operan en mercados diferentes, según informó en un comunicado.
En este sentido, la asociación quiso aclarar que, aparte de depender orgánicamente de otro ministerio, la mayor diferencia reside en que las mutuas de accidentes de trabajo realizan su trabajo en el ámbito público con colaboración de la Seguridad Social, mientras que las compañías y mutuas de seguros actúan en el mercado privado.
La Seguridad Social podría hacerse cargo de la entidad
El secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, recordó ayer que el Ministerio de Trabajo está a la espera de que Mutua Universal remita sus alegaciones respecto a los hechos denunciados para decidir si aplica las medidas cautelares sobre la aseguradora, para lo que dispone de un plazo de 20 días. 'Cuando la mutua presente sus alegaciones, las examinaremos y después decidiremos si hay que aplicar medidas cautelares', explicó. Granado recordó que entre esas medidas, destaca la posibilidad de que sea la Seguridad Social quien se haga cargo de las labores que desempeña la mutua. El objetivo es 'garantizar su funcionamiento', procurando que el procedimiento penal tenga el 'mínimo grado de perturbación' en trabajadores y empresas asociadas.