Delphi: virtudes y enseñanzas del acuerdo

El pasado 5 de julio se alcanzó, en el conflicto de Delphi, un acuerdo entre la empresa, la administración concursal y los representantes de los trabajadores, con presencia y participación de la Junta de Andalucía, para la extinción de los contratos de trabajo y el cierre ordenado de la factoría de Puerto Real (Cádiz). Culminaban, así, seis meses de conflictos, de tensiones, de debate político y social acerca de la decisión de la compañía de cesar la producción en la planta gaditana. Transcurrido un cierto tiempo, es hora de reflexionar sobre el acuerdo y de tratar de extraer enseñanzas del desarrollo de los acontecimientos.

Muy pocos, durante todo este tiempo, hubiesen apostado por esta solución. Culminar, en el seno del concurso, un expediente de regulación de empleo con el acuerdo de todos los sindicatos parecía, desde el primer momento, imposible. Y sin embargo, se consiguió, desactivando un conflicto de honda repercusión social y de amplia trascendencia, local, regional y nacional. Para ello fue preciso un ingente esfuerzo técnico, una amplia capacidad de negociación y un despliegue de imaginación. Pero también, y junto a ello, un esfuerzo político significativo, traducido en el compromiso de las autoridades regionales y nacionales, y un liderazgo, discreto y prudente, de las organizaciones sindicales.

El acuerdo es satisfactorio para la empresa, para los trabajadores y sindicatos y para los poderes públicos concernidos, Junta de Andalucía y Gobierno. Y lo es a pesar de que las sobreactuaciones que han tenido lugar a lo largo del proceso hubieran inducido a pensar que el margen existente para una solución acordada era mínimo.

El mantenimiento de vías de comunicación con las autoridades y con los sindicatos, sobre la base del respeto y de la transparencia, ha sido fundamental para contextualizar esas sobreactuaciones e impedir que dieran al traste con las negociaciones mantenidas. Una primera conclusión, importante, puede extraerse de ello: con capacidad de negociación, voluntad de acuerdo y responsabilidad social pueden encontrarse soluciones compartidas para los problemas más complicados.

Y, al hilo de ello, pueden también obtenerse algunas enseñanzas o, al menos, pueden plantearse algunas reflexiones. Una primera, la de si toda la vieja liturgia obrerista, salpicada de barricadas, pareados amenazantes, violencia de baja o no tan baja intensidad, sigue teniendo sentido. No creo que la solución alcanzada deba nada a los episodios vividos como consecuencia de esa liturgia. En el mejor de los casos, su impacto ha sido neutro. En el peor, la difusión mundial de determinadas imágenes no ayudará nada al atractivo de la zona para captar inversiones.

Una segunda, es si nos estamos equivocando de mensaje. Para el consumo local, para los demagogos del 'no se irán de rositas', alardear de que la empresa tenga que padecer, para cesar la producción, unos costes superiores a los que representan sus inversiones durante 25 años de actividad, puede tener su justificación en el corto plazo, pero el mensaje que se está dando a los centros de decisión económica y a los potenciales inversores es letal.

Cualquier decisión significativa de inversión económica considera hoy los costos de instalación, las eventuales ayudas a percibir, las condiciones en que puede desarrollarse la actividad, pero también los costos económicos y procedimentales que habría que afrontar para un eventual cese de las actividades. No se incentiva la entrada de capitales dificultando su salida. No se favorece la inversión penalizando los procesos de reestructuración empresarial.

Bien está lo que bien acaba. Aunque todavía quedan cuestiones por desarrollar, las autoridades regionales y nacionales han hecho sus deberes (y no el menor entre ellos ha sido el de la mediación llevada a cabo de manera permanente por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía), los sindicatos han sabido liderar el conflicto y pilotar la salida del mismo, y la empresa ha cumplido, a pesar de las dificultades objetivas con las que se enfrentaba, sus compromisos de responsabilidad social.

Pero debemos interrogarnos acerca de si las decisiones de desinversión empresarial tienen que tener un recorrido tan complicado y tan traumático. Y en particular debemos plantearnos si ese recorrido constituye un importante factor de disuasión a la hora de captar inversiones y proyectos empresariales.

Ejemplos como el de Dinamarca, donde los empresarios tienen fácil la entrada en el mercado y también igualmente fácil (tanto en términos económicos como de procedimiento) la salida, correspondiendo al sistema de protección social la tutela de las situaciones de los trabajadores afectados, o el de Austria, en el que las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos de trabajo se abonan por un fondo al que los empresarios cotizan a lo largo de la relación laboral, deben hacernos meditar acerca de la adecuación al actual contexto económico de nuestro anticuado marco legal.

Es cierto que tales sistemas pueden no ser fácilmente aplicables en nuestra realidad económica y social (el sistema danés es muy costoso en términos de protección social y genera un gran dinamismo pero también una gran movilidad, con un tercio de la fuerza laboral que cambia de empleo cada año), pero no cabe duda de que debemos replantearnos el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, tanto en lo que se refiere a la contratación de trabajadores como a la extinción de sus contratos en el marco de las reestructuraciones empresariales.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues