Riesgos sobre la Agencia Tributaria
El autor expresa sus dudas acerca de la ventaja de crear en Cataluña una Agencia Tributaria propia. En su opinión, su establecimiento conlleva un doble riesgo: el de propiciar la competencia desleal de las empresas catalanas con el resto de las españolas y el de favorecer el clientelismo de aquéllas respecto al poder político catalán
Suelen justificarse las cesiones del Estado ante las presiones nacionalistas en base a la necesidad de integrar al nacionalismo periférico en el proyecto común de España. La historia de nuestros últimos 30 años constituye una inmejorable evidencia empírica del error de dicho planteamiento. Siguiendo una estrategia planificada, cada nueva competencia arrancada es considerada por los nacionalismos como una plaza militar tomada, desde la que se prepara la ofensiva para atacar el siguiente objetivo.
La Agencia Tributaria representa el último ejemplo. Cuando se fraguó el Estatuto de Cataluña, los nacionalistas arrancaron al presidente Zapatero la creación de una Agencia Tributaria consorciada -participada al 50% por la Administración del Estado y la autonómica- que gestionaría en Cataluña el conjunto de los impuestos: los autonómicos, los compartidos y los estatales. La solución distaba mucho de ser satisfactoria por varias razones, entre otras, porque al 50% no suele funcionar bien ni el régimen económico de gananciales de la sociedad conyugal, pero desde el Estado se vendió -una vez más- como la solución para atemperar las pretensiones nacionalistas. Pues bien, de nuevo tal explicación ha resultado rápida y preocupantemente ridiculizada por el devenir de los acontecimientos.
En efecto, antes de desarrollarse las previsiones estatutarias, e incluso sin dar tiempo a que el Tribunal Constitucional decida sobre su constitucionalidad, el Parlamento regional catalán ha aprobado una nueva ley por la que se crea la Agencia Tributaria Catalana -nada ya de consorcios- que además de gestionar los tributos propios y cedidos, tiene la vocación explicitada de gestionar los impuestos estatales y sustituir así en Cataluña a la Agencia Tributaria estatal.
De ese modo, desechada antes de iniciar su andadura la solución consorciada -aquella que iba a servir para atemperar el furor nacionalista-, de seguir adelante la ley aprobada en el Parlamento regional será la Administración catalana la que gestione directamente el IVA y el impuesto sobre sociedades de las empresas catalanas. De ese modo, podría decidir la existencia de hecho, aunque no de derecho, de vacaciones fiscales para las empresas catalanas que compiten con las del resto de España. Entre otras cuestiones menores, también decidiría los criterios aplicados para inspeccionar a las empresas y, lo que es peor, qué empresas van a ser inspeccionadas y cuáles no van a serlo; la forma de finalización de cada inspección; las empresas a las que se le concede un aplazamiento de su deuda y las condiciones del aplazamiento; las empresas que obtienen una condonación parcial o total de su deuda en el marco de un proceso concursal, etcétera.
En definitiva, de consumarse la sustitución en Cataluña de la Agencia estatal por la autonómica, asistiríamos a un doble riesgo: la Agencia Tributaria Catalana constituiría un instrumento para propiciar la competencia desleal de las empresas catalanas con el resto de las españolas, a la vez que sería una herramienta para favorecer el clientelismo de las empresas catalanas respecto al poder político catalán.
Estos riesgos explican las diversas reacciones contrarias a la nueva pretensión nacionalista. La primera fue la del vicepresidente económico del Gobierno, quien con su habitual mesura declaró sentirse obligado antes con las leyes del Congreso de los Diputados que con las del Parlament. Numerosas voces -editoriales de medios, artículos de opinión, líderes políticos, asociaciones- han manifestado, igual que Solbes, su oposición a la nueva pretensión catalanista. Destacaremos especialmente dos: la del presidente de la CEOE -Gerardo Díez Ferrán ha alertado sobre la ruptura de la unidad de mercado que seguiría al fraccionamiento de la Agencia Tributaria- y la de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda -Apife ha avisado que la lucha contra el fraude fiscal se debilitaría-.
A su favor, los promotores de la nueva pretensión sólo han encontrado el apoyo del PSOE y la comprensión del director general de la Agencia Tributaria. Si el primero -aunque doloroso- resultaba previsible, pues el primer promotor oficial de la propuesta es José Montilla, la segunda resulta inconcebible. En una rueda de prensa, cuyo inicio y final se caracterizó por la pitada que le regalaron los trabajadores de la Agencia, el responsable de dicha institución calificó como 'adecuada y razonable' la propuesta catalana, puntualizando que 'no debe plantear ningún problema'. Es decir, en un ejercicio de inaudita sumisión política, se limitó a la 'toma de razón' de la orden y a declarar 'intervenido de conformidad' la posible sustitución de la institución que dirige por una Agencia catalana.
Por cierto, que en la misma rueda de prensa y por enésima vez el citado director general proporcionó mucha información sobre los innumerables esfuerzos dedicados a la lucha contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario: actuaciones, medios, recursos e iniciativas, y prácticamente ninguna sobre los resultados obtenidos en ella. Tan esotérico como si el consejero delegado de una entidad bancaria anegara a su consejo de administración o a su junta de accionistas con un nivel abrumador de información sobre lo mucho que se trabaja en la compañía, visitas a clientes, reuniones con solicitantes de créditos, proyectos de inversión analizados, publicidad realizada, etcétera, pero ocultara la información relativa a la cuenta de resultados.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y ex director general de la Agencia Tributaria