La ayuda por natalidad
En el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno lanzó a los cuatro vientos, como una ocurrencia suya, ya que el asunto no había sido tratado en el Consejo de Ministros, que por cada niño nacido o adoptado desde el 3 de julio el Gobierno le otorgará una ayuda familiar de 2.500 euros. Fue, por tanto, una propuesta electoralista, ya que no estaba basada en un análisis de la situación presente de la protección a la familia y en ningún plan que fijara el objetivo a medio plazo de protección a la familia para converger con los países de la UE. Por otra parte, la propuesta fue una copia rebajada de lo que el Partido Popular ofreció en su programa para las elecciones de 2004 (3.000 euros).
En el periodo 1996-2004 la media del porcentaje con respecto al PIB de la función familia/niños de la UE de los Quince fue del 2,2%, y en España en el mismo periodo fue sólo del 0,68%. En 2004, Dinamarca y Luxemburgo fueron los países que mayor porcentaje asignaron a esta función, el 4% del PIB, casi seis veces más que España, que es el país que menos gastó (0,7%). Dentro de ese intervalo se encuentran Alemania, Austria, Finlandia y Suecia con el 3%; Francia e Irlanda con el 2,5%; Bélgica, Reino Unido y Grecia con el 2%, y Holanda, Portugal e Italia con el 1,2%; lo que muestra la falta de sensibilidad que los Gobiernos de España han tenido respecto a los problemas de la familia.
El olvido de la familia como eje vertebrador de la sociedad ha llevado a España a ser el país con más baja tasa de fecundidad del mundo. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida ha dado lugar a un envejecimiento de la población que, medido por el índice que se considera más correcto, relación entre el número de ancianos y el número de jóvenes, ha pasado del 0,3 en 1960 a 0,71 en 1991, y a largo plazo el índice de envejecimiento se estima va a experimentar una aceleración muy fuerte: 1,7 en 2025 y 2,6 en 2050, convirtiéndose España en el país más envejecido de la UE, ya que las personas de 65 años y más serán 10 millones, en tanto que los jóvenes sólo sobrepasarán ligeramente los 4 millones.
En los países de la UE la prestación social a la familia se ha utilizado no sólo como un instrumento de ayuda a las familias que tienen hijos u otras personas a su cargo, sino también para fomentar la natalidad. En España, sin embargo, por el hecho de que durante muchos años la política de fomento de la natalidad ha sido considerada como demasiado tradicional y ligada a determinadas tendencias políticas, ha sido completamente olvidada. La consecuencia de tal política ha sido que la tasa de fecundidad haya descendido al 1,1%, la más baja del mundo, cuando en el periodo del baby boom sobrepasó el 3%. Hoy día la tasa de fecundidad es del 1,3% a consecuencia de la fuerte inmigración.
Según se ha publicado, el coste de la decisión del presidente del Gobierno será para el presente año de unos 600 millones de euros. Al no poderse aplicar al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria tal cantidad, a consecuencia de lo establecido en el artículo 50 de la Ley General Presupuestaria, el Gobierno, para regular esta prestación, aprobó el pasado día 13 un proyecto de ley que modifica las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la General de la Seguridad Social.
La prestación tiene un carácter universal y se abonará en un único pago, deducible de la cuota íntegra del IRPF. En el caso de los contribuyentes no obligados a tributar, esta cuantía la recibirán como prestación no contributiva de la Seguridad Social, que a mi juicio deberá ser reintegrada a la misma con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las mujeres con domicilio fiscal en el País Vasco y Navarra, autonómicas con IRPF, percibirán los 2.500 euros como prestación no contributiva, que en definitiva se imputarán al Presupuesto del Estado.
A pesar de aplicarse a mitad del periodo impositivo del IRPF la deducción de los 2.500 euros a los nacidos desde el 3 de julio, el Gobierno considera constitucional la fórmula adoptada ya que no perjudica al contribuyente, si bien podría argumentarse que los contribuyentes que hayan tenido hijos desde el 1 de enero hasta el 3 de julio sí que salen perjudicados.
El presidente del Gobierno manifestó que la citada ayuda a la familia por nacimiento o adopción se cobraría en el mes de diciembre si las Cortes aprobasen el citado proyecto de ley, a cuyo efecto el Gobierno ha solicitado el procedimiento de urgencia en su tramitación. Como la mayor parte del gasto tiene la consideración de gasto fiscal deducible de la cuota íntegra del IRPF, los interesados no podrían percibir la ayuda hasta que efectuara la oportuna declaración de la renta en el primer semestre de 2008. Para cumplir con la oferta del residente del Gobierno tendrá que concederse un anticipo de Tesorería para atender gastos inaplazables. Sin embargo, el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria enumera los supuestos en que podrán concederse anticipos de Tesorería sin que entre los mismos estén incluidos los gastos fiscales.
Cuando se toman decisiones antes de estudiar sus consecuencias suceden estas cosas. No se me ocurre cómo va el Gobierno a cumplimentar el compromiso del presidente de que todos los interesados cobren antes de finalizar el año. Para los no obligados a tributar por renta, la ayuda a la familia tendría la consideración de prestación no contributiva y el Estado podrá conceder anticipo de Tesorería apartado 1b) del artículo 60 de la Ley General Presupuestaria.
Como hemos dicho con anterioridad, el coste para 2007 de la decisión adoptada será de 600 millones de euros, que reducirá la capacidad de financiación del Estado y sus organismos, prevista en el Informe Económico y Financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 a 1.204 millones de euros, el 0,12% del PIB estimado para dicho año, reduciéndose por tanto el superávit en el 0,04% del PIB. Para 2008 la reducción sería aproximadamente el doble, 0,08% del PIB.
El efecto económico de la decisión será un aumento de la demanda privada de 600 millones de euros, que se transformará en 1.200 millones en el próximo año, aproximadamente el 0,08% del PIB, que puede acentuar las tensiones inflacionistas de nuestra economía.
El recurrir a una deducción fiscal para atender las obligaciones derivadas de la decisión de otorgar 2.500 euros por cada niño nacido tiene el inconveniente de que el Seepros (sistema europeo de estadísticas integradas de protección social) considera que las desgravaciones fiscales sobre la renta de los contribuyentes por la función familia/niños no reúne las características para ser incluidos en dicha función, ya que considera que su finalidad es redistribuir la renta a favor de los citados contribuyentes, sin que tengan efecto directo sobre la renta disponible de los beneficiarios
¿Por qué no se suprimen las desgravaciones fiscales y otras ayudas indirectas a favor de las familias y se sustituyen por ayudas directas, con influencia en su renta disponible a consecuencia de tener hijos a su cargo, que se contabilizarían de acuerdo con el Seepros como prestación a la familia, aparte de la mayor transparencia que tal medida proporcionaría?
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid