La CMT solicita al Gobierno que recurra la multa impuesta por Bruselas a Telefónica
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha anunciado hoy el jueves que ha solicitado al Gobierno un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la reciente decisión de la Comisión Europea de sancionar a Telefónica por supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha.
En su solicitud, la CMT pone de relieve ¢cómo las irregularidades que a su juicio presenta la decisión afectan gravemente a la coherencia que debe presidir las actuaciones sobre los mercados de comunicaciones electrónicas¢.
Además, la CMT estima que la decisión adoptada por Bruselas vulnera el principio de cooperación leal con las administraciones nacionales que el Derecho ordinario y la jurisprudencia comunitaria exigen a las instituciones comunitarias, entre sí y con los estados miembros de la UE.
"La CMT considera que la decisión comunitaria afecta seria y profundamente a sus funciones de regulación, en particular, y a las de las Agencias nacionales de regulación, en general, y que esta actuación compromete la consecución de sus objetivos, de regular en defensa de los usuarios españoles e incentivar la competencia en el sector mediante el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones alternativas a las del dominante", señaló el regulador.
El ministro de Industria, Joan Clos, confirmó esta semana que el Gobierno y la CMT están estudiando la multa, y añadió que si presentan un recurso "será para ganarlo".
El pasado 4 de julio, la Comisión Europea decidió imponer una multa de 151,87 millones de euros a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.
Ya en aquel momento, Telefónica anunció que presentaría en los próximos días un recurso ante el Tribunal de Luxembrugo contra la multa de casi 152 millones de euros impuesta por la Comisión Europea.
