Bruselas se ceba con Telefónica

La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, anunció ayer la imposición a Telefónica de la mayor sanción a una empresa por un comportamiento contrario a la libre competencia en el negocio de las telecomunicaciones. Tal como el mercado esperaba a juzgar por las filtraciones de las autoridades comunitarias, la sanción de 152 millones de euros por abuso grave de una posición dominante en el mercado de acceso a internet de alta velocidad pretende convertirse en un severo ejemplo de la política a seguir por Competencia para castigar lo que considera actitud contraria al libre mercado.

Mantiene Neelie Kroes con este comportamiento la bien ganada fama de hueso duro en la vigilancia de los comportamientos abusivos de las empresas en los últimos años. Pero el rigor ha podido sobrepasar en este caso muchos de los límites considerados razonables, al menos si se compara con los criterios seguidos en expedientes abiertos a otras compañías del sector. Bruselas había sancionado a la francesa Wanadoo con 10,32 millones de euros y a Deutsche Telekom, con 12,6, por abuso de posición dominante en el acceso a la red local de telefonía e internet. En este caso Kroes se ampara en la gravedad y duración del abuso para establecer una multa tan severa, que pretende convertir en gesto disuasorio para otros operadores dominantes en la UE. 'No consentiré que las empresas dominantes fijen precios que den al traste con la liberalización'.

Desde luego el fomento de la competencia en los mercados y su defensa es uno de los pilares básicos de las economías avanzadas, especialmente si éstas están en proceso de transformación desde modelos monopolísticos a otros de libertad absoluta de mercado. Pero criterios como la igualdad de trato en todos los mercados en los que opera el árbitro de la competencia quedan seriamente tocados con decisiones tan abultadamente desproporcionadas como la dictada contra Telefónica, y que terminará en el Tribunal de la UE.

La Comisión acusa, en base a los datos proporcionados en la denuncia presentada por Orange, que la práctica de precios de Telefónica ha encarecido los precios del ADSL a los consumidores más de un 20%, y ha obligado a sus competidores a estrechar márgenes hasta niveles que les expulsaban del mercado. Telefónica pone en su defensa el gran desarrollo que ha tenido el ADSL en España en el periodo en el que supuestamente abusaba de su posición, entre 2001 y 2006, y se escuda, con toda lógica, en la autorización que la CMT le brindó para practicar tal política de precios.

Es de difícil comprobación considerar que el mercado de banda ancha hubiera alcanzado las dimensiones de Alemania o Francia si el comportamiento de Telefónica hubiese sido otro. Pero las autoridades comunitarias, y el propio Gobierno español, deberían aclarar, para proporcionar la seguridad jurídica mercantil necesaria, quién tiene la potestad de autorizar y desacreditar los comportamientos de precios y competencia. Desde luego que los consumidores precisan de la mayor competencia posible. Pero las empresas deben exigir la máxima visibilidad y seguridad jurídica para poner en marcha el plan de negocio A, o en su lugar el B, para rentabilizar una inversión en la que se juegan miles de millones de euros.