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Bruselas impone a Telefónica una multa récord por frenar la competencia en ADSL

La Comisión Europea impone a Telefónica la mayor multa de la historia de la politica europea de la competencia contra el sector de las telecomunicaciones. La compañía ha anunciado que solicitará al Tribunal de Luxemburgo la anulación de la sanción, según ha informado a la CMT.

La CE ha impuesto esta multa por abuso de posición dominante de la operadora en el mercado de banda ancha entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.

Bruselas considera que no dejó margen suficiente entre las tarifas mayoristas y minoristas para que pudieran entrar otros competidores. Por su parte, Telefónica ha esgrimido en su defensa, que las tarifas de esos servicios se encuentran en España reguladas por la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.

La Comisión Europea agregó que como consecuencia de los altos precios, la tasa de penetración de la banda ancha en España se sitúa un 20% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, y su crecimiento es casi un 30% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15.

La multa es, por un amplio margen, la más alta impuesta por el Ejecutivo comunitario a un operador de telecomunicaciones. Hasta ahora, Bruselas había sancionado a la francesa Wanadoo con 10,35 millones de euros y a la alemana Deutsche Telekom con 12,6 millones de euros por abuso de posición dominante en acceso a la red local y a Internet.

Telefónica Recurrirá al Tribunal de Luxemburgo

Telefónica, por su parte, ya ha anunciado que solicitará al Tribunal de Luxemburgo la anulación de la sanción, según ha informado esta misma mañana y pocas horas después de la confirmación de Bruselas, a la Comisión del Mercado de Valores (CMT).

En la nota, Telefónica anuncia "su firme intención de solicitar la total anulación de la inexplicable decisión de la Comisión Europea con respecto al procedimiento iniciado, a petición de una empresa controlada por el Estado francés, contra Telefónica de España por un supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de acceso de banda ancha a Internet".

¢Estamos en desacuerdo con el que el resultado sea que hemos cometido una infracción y hemos estrechado los márgenes. Nos parece injusta la sanción porque los precios, que según la CE provocan un estrechamiento, fueron fijados por la CMT¢, ha señalado la compañía.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) reguló el acceso a la red de Telefónica en 2001, cuando obligó a la operadora que preside César Alierta a dar el servicio y fijó el precio máximo, con el objetivo de que cualquier compañía pudiera ofrecer banda ancha sin tener que realizar grandes inversiones.

Para calcular el precio máximo, el regulador nacional aplicó un ¢test de estrechamiento de márgenes¢ que consiste en llegar al precio minorista a partir del mayorista, es decir, al precio mayorista se le restan los costes y se suman unos márgenes, lo que resulta en el tope máximo que puede fijar la operadora para que sus rivales tengan margen suficiente y puedan obtener ingresos.

¢No pensábamos que siguiendo las directrices de la CMT pudiéramos ser objeto de sanción¢, indicó Telefónica, que en todo momento asegura que no actuó de mala fe ni de forma malintencionada.

Sanción severa

Sin embargo, la Comisión Europea no es de la misma opinión, y ha decidido imponer la multa a la teleco "por su gravedad y duración, el abuso de Telefónica merece una sanción severa. El abuso tuvo repercusiones muy negativas al obstaculizar la entrada de competidores en este importante mercado".

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha afirmado que "el estrechamiento de márgenes que impuso Telefónica a sus competidores no sólo incrementó sus costes sino que perjudicó notablemente a los consumidores", algo que produce que "toda la economía se resienta". Según ha declarado Kroes, el Ejecutivo comunitario "No consentirá que las empresas dominantes fijen unos precios que den al traste con la liberalización de las telecomunicaciones".

La decisión de la Comisión establece que, desde septiembre de 2001 hasta diciembre de 2006, el margen entre los precios minoristas de Telefónica y los precios para el acceso mayorista a la banda ancha tanto a nivel nacional como regional eran insuficientes para cubrir los costes en los que un operador tan eficiente como Telefónica habría tenido que incurrir para prestar acceso minorista de banda ancha.

Esto significa que un operador que compitiera en la banda ancha y fuera tan eficiente como Telefónica debía elegir entre abandonar el mercado o incurrir en pérdidas.

Bruselas cree que Telefónica en todo momento podría haber puesto fin a este estrechamiento de márgenes rebajando voluntariamente sus precios mayoristas. Subraya que sus precios mayoristas nacionales -que representaban en el 2006 el 70% de los precios afectados por la decisión- no estaban regulados y sus precios mayoristas regionales -que representaban en 2006 alrededor del 30% de los afectados por la decisión- sólo estaban sujetos a precios máximos fijados de antemano por el regulador español basándose en las estimaciones de Telefónica de 2001.

Estrechamiento de márgenes

El operador español, prosigue el Ejecutivo comunitario, "estaba en condiciones de entender muy pronto -si no desde el principio- que esas estimaciones no se ajustaban a sus datos reales". "El plan de negocio y las cuentas de costes de Telefónica muestran que la empresa no podía ignorar que estaba aplicando un estrechamiento de márgenes", indicó la Comisión.

El Ejecutivo comunitario señala que tras la apertura de una investigación formal en Bruselas en febrero de 2006, el regulador español, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, analizó los mercados de banda ancha con arreglo al nuevo marco regulador en junio de 2006.

A raíz de dicho análisis, la CMT impuso un "descenso significativo" en los precios mayoristas nacionales y regionales de Telefónica en diciembre de 2006. "Esta intervención -señala el Ejecutivo comunitario- puso fin al abuso señalado en la decisión de la comisión".