Bruselas exige a Lisboa que retire la 'acción de oro' que mantiene en EDP y Galp

El Gobierno portugués deberá renunciar al derecho de veto que mantiene sobre las decisiones de la compañía eléctrica Energias de Portugal (EDP) y la petrolera Galp, según un dictamen motivado remitido ayer a Lisboa por la Comisión Europea.

Bruselas considera incompatible con el derecho comunitario que el Estado se arrogue la facultad de marcar la estrategia de dos compañías privatizadas.

La ofensiva comunitaria puede facilitar la entrada de inversores extranjeros en el sector energético portugués. Algunas compañías españolas, como Iberdrola, ya han tomado posiciones en las dos empresas a las que Bruselas quiere quitar el blindaje estatal. La eléctrica posee el 9,5% de EDP y el 4% de Galp. La capacidad de influencia de los accionistas en esas compañías, sin embargo, es limitada porque el Estado portugués puede vetar desde el nombramiento del consejero delegado hasta las intenciones de fusión.

El Gobierno de José Socrates, que el próximo 1 de julio asume la presidencia semestral de la UE, defendió ayer estos poderes especiales. Pero el departamento de Mercado Interior de la CE, que dirige el comisario Charlie McCreevy, asegura que tras estudiar las explicaciones por escrito de Lisboa 'seguimos considerando que se está violando la libre circulación de capitales'. El caso puede acabar ante el Tribunal europeo, que ya declarado ilegal otros regímenes similares.