El riesgo del salto atrás en la UE
Adiós a la Constitución europea. Bienvenido el pragmatismo de un Tratado de mínimos. No podía ser de otro modo tras la victoria del no en los referéndums de Francia y Holanda sobre el frustrado proyecto constitucional. La UE necesitaba pasar página después de dos años de parálisis institucional y, afortunadamente, lo ha conseguido a pesar de la anacrónica bronca germano-polaca. Ni las rabietas de los polacos Kaczynski ni la falta de coraje de Blair para enfrentarse a los fantasmas euroescépticos del Reino Unido han conseguido frenar del todo a un club que necesitaba modernizar sus normas de funcionamiento. La UE, sin embargo, ha dado una pésima imagen de desunión y torpeza en un momento en que debe enfrentarse a enormes desafíos.
Los 27, además, han superado en falso la crisis. El principal objetivo -una Unión más eficaz y democrática- se aplaza hasta 2017, fecha de la entrada en vigor definitiva de un sistema de voto proporcional a la población de cada país. Para ese año, la UE puede superar los 30 miembros y entre ellos tal vez figure Turquía. Las futuras ampliaciones dejarán obsoletos los cálculos de mayorías y minorías de bloqueo en los que la UE ha invertido esfuerzo y acritud. En el peor de los casos (o quizá en el mejor), el sistema pactado la madrugada del sábado quizá nunca se llegue a aplicar.
Lo que es seguro es que en el camino se ha quedado el sueño constitucional. La UE quería transformarse en una entidad política con voz en el exterior. Por desgracia, el salto fue en el vacío. Se calculó mal la creciente fosa entre Bruselas y la opinión pública, al menos la de algunos países. Ahora toca remontar de nuevo.
Para esa nueva escalada, los 27 se deshicieron el viernes del material más superfluo. En el camino se queda el himno, la bandera o la propia palabra Constitución. No es grave, mientras la renuncia sea simbólica y no afecte a la voluntad de los socios de avanzar en la integración europea de manera coordinada y sin pausa. Mucho más inquietante resulta, sin embargo, la victoria de los líderes más euroescépticos, con el saliente Tony Blair a la cabeza, en una negociación que casi ha dejado reducido el nuevo Tratado a las partes más funcionales del antiguo texto (se crea la figura del presidente de la Unión y se unifican las tareas de política exterior en la figura de Alto Representante que ocupa en estos momentos Javier Solana). En ese contexto, el riesgo de disgregación parece evidente y el pacto del sábado facilita sobremanera que los países que lo deseen avancen en solitario en áreas como justicia e interior. Probablemente será inevitable que sea así.
Más peligrosa es la simiente de un potencial salto atrás en la integración. La supresión de la referencia a la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, por ejemplo, puede animar a los tribunales constitucionales a cuestionar la aplicación directa de decisiones pactadas en Bruselas. Lo mismo puede ocurrir con los titubeos en la definición de la competencia empresarial como prioridad de la Unión. Y de manera simbólica, la bandera de 12 estrellas que hasta ahora ondeaba sin que nadie la cuestionase puede convertirse en objeto de controversia si algún país decide arriarla de los edificios oficiales. Hasta ahora nadie se había percatado de que no tenía valor legal.