Acabar con la sombra de la duda
Cuándo se puede decir que algo es transparente? El Diccionario de la Lengua Española lo explica: 'Dícese del cuerpo a través del cual pueden verse los objetos distintamente. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad'.
Las instituciones políticas de la UE están bajo permanente escrutinio. Su sistema de gobernanza es único y complejo. La distancia física y mental entre la opinión pública europea y las instituciones políticas de la UE tiende a crear una brecha tanto política como de percepción. Se observa a Bruselas como un lugar demasiado distante, una inaccesible caja negra política donde se adoptan toda clase de medias abstrusas.
Con la Iniciativa Europea a Favor de la Transparencia apuntamos exactamente hacia la definición del diccionario. 'Hacer visibles y distinguibles' los complejos mecanismos de toma de decisiones e implementación de políticas a nivel europeo; acabar con la 'ambigüedad' respecto a cómo se toman las decisiones y a dónde se destinan los fondos. En definitiva, que las cosas sean 'obvias y claras'.
'El principal origen de las sospechas del público está ligado al dinero'
Si los ciudadanos tienen la posibilidad de evaluar la cualidad y corrección de las decisiones políticas adoptadas, dispondrán también de los medios para comprometerse de manera efectiva en los procesos democráticos y para juzgarlos y controlarlos. Por eso, la actual Comisión ha convertido la transparencia en uno de sus objetivos estratégicos para el periodo 2005-2009. La meta: lograr 'un mayor nivel de apertura y transparencia'.
Los contribuyentes tienen un derecho natural a saber cómo se gastan los fondos que financian. Este primer objetivo de la iniciativa europea a favor de la transparencia se consiguió, contra todo pronóstico, el pasado diciembre, sólo dos años después de que se planteara la idea. Para 2009, los Estados miembros deberán publicar los datos sobre los beneficiarios finales de los fondos estructurales y agrícolas. La publicación será obligatoria y deberá estar fácilmente accesible en internet. La Comisión ya dispone de su propia página web para los fondos que abona directamente. Creo que este planteamiento supone una gran contribución a los esfuerzos por salvaguardar la integridad de los fondos públicos. No en vano, la opinión pública es su mejor guardián.
La segunda clave de nuestra iniciativa atañe a la ética profesional de las instituciones europeas. La Comisión ya aplica un riguroso código de conducta, que presta especial atención a las medidas para evitar conflictos de interés y a las declaraciones financieras. Otras instituciones tienen sus propias normas. Pero la opinión pública juzga a Bruselas como una sola entidad. Y para la credibilidad de la UE en su conjunto es esencial el nivel de ética y profesionalidad de las personas que ostentan los mandatos públicos más elevados. Por eso, me gustaría avanzar hacia una cultura ética común para todos los que ocupan puestos públicos relevantes en las instituciones comunitarias.
El tercer gran objetivo de la iniciativa es asegurar la mayor transparencia posible en los procesos de toma de decisiones, introduciendo normas claras sobre los lobbies y los grupos de interés representados ante las instituciones europeas.
En marzo de 2007, la Comisión decidió crear un registro público de estos grupos, que entrará en funcionamiento a comienzos de 2008. Esto garantizará que tanto la CE como la opinión pública pueda identificar y evaluar las fuerzas que hay tras las posiciones y los intereses presentes en Bruselas. La cobertura del registro es, deliberadamente, muy amplia, para abarcar consultoras, lobbistas de empresas y despachos de abogados, así como ONG, think tanks, sindicatos y asociaciones. A todos se les invita a declarar públicamente a quién representan y cuáles son sus objetivos, el origen de su financiación y quiénes son sus mayores clientes.
Hemos optado por un registro de carácter voluntario. Pero su credibilidad requiere que la información financiera declarada sea sustancial. Quizá los recursos económicos no sean la medida exacta de la capacidad de influencia, pero sin transparencia financiera no se pueden combatir los mitos ni demostrar que el proceso de decisión es justo y no está sesgado. El principal origen de las sospechas del público está ligado al dinero.
Un código de conducta, redactado por la CE tras debatir con las partes interesadas, complementará el registro. Se aplicarán sanciones cuando la información facilitada sea inexacta o se viole el código
El mayor incentivo para que los lobistas se registren será el propio deseo de la profesión de demostrar que su negocio es limpio y legítimo; el deseo de respetabilidad y de evitar soluciones más pesadas en caso de que la participación en el registro sea insuficiente. En consecuencia, espero que los profesionales den una acogida positiva a esta oportunidad: va en interés del sector y de las personas que se dedican a esta actividad aceptar registrarse y así acabar por sí mismos con la sombra de duda que el público puede tener sobre la importancia de su labor.
Siim Kallas. Vicepresidente de la Comisión Europea