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Tribuna
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La regulación en los intermediarios financieros

La actividad de intermediación financiera y una de sus principales áreas, la reunificación de deudas, está creciendo en España a un ritmo espectacular. El autor subraya la acuciante necesidad de establecer una regulación del sector que garantice su crecimiento profesional y su consolidación

La intermediación en financiación es una actividad que consiste en mediar entre los clientes y las entidades financieras, ofreciendo la opción que mejor se adecúe a las necesidades y expectativas de los primeros, a través de la distribución y el experto conocimiento que el intermediario tiene de los productos de las segundas. Bien desarrollada, favorece la competencia entre bancos y cajas, y facilita la toma de decisiones por el cliente, optimizando, en consecuencia, todo el proceso.

La figura del intermediario está sólidamente implantada en otros países como el Reino Unido, donde los brokers tramitan alrededor del 85% de los préstamos hipotecarios, o Estados Unidos y Holanda, con un porcentaje cercano al 80%. En España, parece que se esté poniendo de moda en los últimos tiempos. Aunque aquí los porcentajes de préstamos intermediados se sitúan todavía entre un 10% y un 30%, los crecimientos de empresas y agentes que se dedican a esta actividad han sido realmente espectaculares: no existen datos oficiales del sector, pero algunas estadísticas hablan de más de 8.000 empresas y agentes a principios de 2007, cuando en 2004 eran unas 1.000.

Lo cierto es que algunos llevamos desarrollando esta profesión desde hace ya mucho tiempo pero, en los últimos dos años, se ha producido una serie de circunstancias que han atraído y facilitado la entrada de un gran número de nuevos intermediarios: por un lado, el incremento en la demanda de préstamos hipotecarios motivado por los bajos tipos de interés, la mayor estabilidad laboral y el crecimiento de la inmigración, unido a la gran variedad de productos y entidades, a las expectativas y potencial de la actividad, y a las escasas -sino inexistentes- barreras de entrada; por el otro, la aparición de productos adaptados a las nuevas necesidades del mercado, como las refinanciaciones de préstamos o los productos sub-prime, distribuidos casi exclusivamente a través de nuestro canal.

Visto este vertiginoso crecimiento, parece cada vez más acuciante la necesidad de establecer unas normas de desempeño adecuadas, que garanticen el crecimiento profesional y la consolidación de nuestro sector.

No nos alarmemos antes de hora: no todas las empresas y agentes que están trabajando como intermediarios están haciendo las cosas mal. Tampoco cabe duda que el hecho de que no existan limitaciones para ser intermediario propicia que junto a los asesores profesionales convivan quienes simplemente no están preparados para serlo y los oportunistas, que buscan obtener altas rentabilidades a costa del desconocimiento, la buena fe y la indefensión de los clientes… Ellos son quienes realmente denuestan nuestra actividad.

Enseguida viene a la mente la idea de ¡regulación ya! Opciones y voces no faltan: Banco de España, CNMV, asociaciones de consumidores, propuestas de diversos grupos parlamentarios, e incluso de alguna empresa del sector… mucho se habla, pero nadie parece querer dar el primer paso.

Con seguridad, el asunto es más complejo de lo que pueda parecer a simple vista: por un lado hay quien defiende que, si el objetivo es proteger al consumidor, esto es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por el otro, se argumenta que es el Banco de España el que debe garantizar la transparencia de las entidades de crédito y proteger la confianza de los clientes en el sistema financiero, que es donde realmente operan los intermediarios, aún no siendo entidades financieras.

Sea quien sea el estamento impulsor, bajo nuestro punto de vista los objetivos de la regulación deben ser garantizar la total transparencia en cuanto a los costes y a las características y riesgos del producto que contrata el cliente, y evitar cualquier tipo de práctica abusiva o carente de ética.

El problema no es sólo legal. Los intermediarios expertos en la actividad, que conocemos nuestro trabajo y lo desarrollamos de forma profesional, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que algún día se produzcan cambios. Todo lo contrario, tenemos la obligación de actuar y esforzarnos para que nuestro sector se desarrolle y crezca de forma ejemplar, seria y transparente.

La regulación debe empezar por cada uno de nosotros. Con profesionalidad, con exigencia, y constancia, debemos trabajar para normalizar y prestigiar nuestra actividad, y transmitir sus valores añadidos.

Paralelamente, es también imprescindible unir las fuerzas y ponernos de acuerdo para defender los intereses de todos los profesionales de la intermediación de forma conjunta. Porque en definitiva, el beneficio es común. En este sentido Gescredit está impulsando, junto con algunas de las enseñas más destacadas, la creación de la asociación más importante del sector, a la que sólo podrán pertenecer intermediarios que trabajen exclusivamente con entidades financieras registradas, autorizadas o reconocidas por un organismo bancario oficial (evitando de esta forma cualquier práctica o actividad relacionada con la usura), y cuyo principal objetivo será defender el desempeño ético y transparente de nuestra actividad y fomentar su conocimiento y reconocimiento.

Tirs Castellarnau. Director general de Gescredit

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