Menos fronteras para los móviles
La UE, acusada a menudo de proteger sólo los intereses de las grandes compañías, dio ayer una lección de sensibilidad hacia un problema que acucia a millones de ciudadanos y empresas comunitarias. Desde este verano, gracias al Reglamento aprobado ayer por abrumadora mayoría en el Parlamento europeo, los usuarios del teléfono móvil no se encontrarán recibos injustificadamente altos por hacer llamadas de un país de la Unión a otro.
La nueva norma fija una tarifa máxima por itinerancia (roaming) cuando el usuario llame desde un país distinto al de su operadora, y también por recibir llamadas si está en el extranjero. Bruselas calcula que la rebaja puede alcanzar, en casos, el 70%. Y algo habrá de cierto cuando las operadoras, que se han opuesto duramente a la eurotarifa, aseguran que puede arañarles miles de millones de euros en beneficios, aunque la tarifa que pagan por usar la red de otras compañías en el extranjero también se limite. En el caso español, con millones de turistas, el impacto será mayor.
Pero la iniciativa comunitaria debe ser bienvenida. Bruselas llevaba siete años exigiendo rebajas en un servicio cuyo coste es mínimo. Tras el fracaso en este empeño de los reguladores nacionales, fue la comisaria europea de Sociedad de la Información, la luxemburguesa Viviane Reding, la que decidió cortar por lo sano.
Bruselas también sienta un precedente de intervención en los precios minoristas de un mercado liberalizado, una incursión no exenta de riesgos. El primero, que las operadoras intenten recuperar el recorte con sus tarifas nacionales. En ese terreno, los reguladores nacionales deberán velar por la competencia. El segundo riesgo es más institucional. Bruselas ha asumido por vía reglamentaria poderes de intervención no previstos en el marco legislativo. La Comisión puede sentirse tentada a repetir la experiencia. Pero La UE no debe ceder a esa tentación. Los precios debe marcarlos el mercado. Y sólo en casos de flagrante falta competencia deben intervenir los reguladores. Por eso es sabio que la medida nazca con vocación de extinguirse: en tres años si las condiciones comerciales así lo aconsejan.