EE UU prepara la mayor reforma de la inmigración en 20 años
Este es un acuerdo que nos ayudará a reforzar nuestras fronteras y, de forma igualmente importante, tratará a la gente con respeto'. Así saludó el presidente de los EE UU, George Bush, el pacto que para la reforma de la ley de Inmigración alcanzó la semana la Casa Blanca con un grupo de senadores de los partidos republicano y demócrata. Se trata de un texto complicado que empieza a tramitarse estos días en el Senado y que puede dar lugar a la regularización de unos 12 millones de inmigrantes ilegales.
El acuerdo ha consumido tres meses de negociaciones entre antagonistas políticos en esta cuestión y llega después de que las iniciativas parlamentarias para la reforma quedaran estancadas el año pasado casi sin esperanzas de ser retomadas.
Las concesiones de uno y otro grupo han hecho decir a uno de sus negociadores, el senador demócrata, Edward Kennedy, que no es la ley que habría escrito él pero es 'la mejor posibilidad que tenemos en años para asegurar nuestras fronteras y sacar a millones de personas de las sombras'.
En esas sombras, la noticia del acuerdo se acogió con cautela pero también con lágrimas de emoción, máxime después de meses de inseguridad jurídica con respecto a la inmigración que ha sido resuelta de forma distinta en cada estado. Muchos de ellos han llevado a cabo una fuerte política de vigilancia y deportación, lo que ha llevado a las iglesias a constituirse en refugios de muchos, mientras que en otros estados han seguido obviando el problema.
El acuerdo de ley da un respiro a los inmigrantes ilegales que llevan tiempo en EE UU porque contempla la salida de todos ellos a la luz y el otorgamiento de un permiso de residencia temporal. A los que hayan llegado antes del 1 de enero de 2007 se les dará un visado de cuatro años pero renovable (es una nueva categoría llamada Z) si pagan una multa de 5.000 dólares, una comisión de procesamiento de 1.500 dólares, no tiene antecedentes y aprenden inglés.
Además se crea un programa de trabajadores temporales que prevé la concesión de 400.000 permisos de trabajo anuales válidos por dos años. Al fin del periodo, el inmigrante (y su familia) debe regresar a su país pero puede volver a solicitar este visado hasta tres veces más.
La ley restringe el número de familiares que pueden ser reagrupados y contempla un nuevo visado (se concederán 380.000 al año) para atraer a trabajadores cualificados. La cualificación se hará mediante un sistema de puntos.
Control en las fronteras
Las concesiones de los negociadores han llevado a la propuesta a incluir una importante salvedad: nada de esto se puede empezar a procesar hasta que no se haya reforzado la seguridad de las fronteras, con más policía (18.000 efectivos) y más muros (ahora hay 10 millas construidas). La Casa Blanca dice que esto se podrá hacer en 18 meses, aunque hay voces que lo dudan.
Esta es la mayor reforma de la ley de inmigración de EE UU en los últimos 20 años y uno de los pocos logros de la segunda legislatura de Bush, pero aún tiene que salir del Congreso y no todos los legisladores la apoyan. El republicano Tom Tancredo, uno de los candidatos a la presidencia dijo el viernes que la ley era un engaño a los americanos y una amnistía.
La UE perseguirá y castigará a las empresas infractoras
La Comisión Europea propuso la semana pasada la aprobación de una directiva para sancionar con multas e incluso con penas de cárcel a los empresarios que contraten a trabajadores inmigrantes ilegales, con la que se persigue intensificar las medidas frente a la contratación irregular y, al mismo tiempo, abordar el serio problema que supone la explotación de la población inmigrante, que no puede protegerse frente a los abusos.El Ejecutivo comunitario considera que el trabajo irregular es un factor de atracción para la inmigración y pretende frenarlo con esta norma, que también sancionará a los particulares que den trabajo a irregulares en su hogar, según explicó comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.Según las estimaciones, entre 4,5 y 8 millones de irregulares viven en la UE, mientras el PIB procedente de la economía sumergida oscila entre el 7% y el 16% del total comunitario.