Justicia tributaria y gasto público
Cuando reflexionamos sobre la justicia del sistema tributario acostumbramos a centrar el debate en su mayor o menor progresividad, o en la necesidad de suprimir y/o modificar unas u otras figuras impositivas. Sin embargo, olvidamos con frecuencia que la política fiscal incluye los ingresos y los gastos. Los impuestos son, en tal sentido, más que un instrumento de política económica, el medio para recaudar, con criterios de justicia, igualdad, progresividad, capacidad económica y no confiscatoriedad, los ingresos que el Estado necesita para afrontar sus políticas de gasto.
En este contexto, lo prioritario es concretarlas, cuantificar su coste y gestionarlas de forma eficiente y eficaz. Lo relevante, por ejemplo, no es el déficit sanitario, sino que, estando garantizada la calidad del servicio al menor coste, se necesitan más recursos para afrontar la demanda actual. En definitiva, antes que hablar de subir o bajar los impuestos, hay que centrarse en el gasto.
Tres son, al respecto, los aspectos a considerar. Primero, si se realizan o no las políticas de gasto que son necesarias. Segundo, cómo se han de financiar éstas y cómo se van a redistribuir los ingresos. Y tercero, si su gestión es eficiente y eficaz. Su reflexión requiere subrayar el hermetismo que hay al respecto, ya que para la mayoría de los ciudadanos, entre los que me incluyo, éste es un tema que no sólo se desconoce, sino sobre el que no hay la información necesaria.
Con relación a las dos primeras cuestiones, la respuesta está en función del mayor o menor nivel de intervención que el Estado ha de tener. Es, por tanto, un debate ideológico en el que, eso sí, las diferencias son hoy muy pequeñas, salvo para quienes entienden que su presencia ha de ser omnipresente y proteccionista. En nuestra opinión, su intervención se ha de ceñir a los supuestos de necesaria protección social pública, además de aquellos otros que, por razones de seguridad y estrategia, la requieren.
Pero incluso en los primeros hay que hacer una serena reflexión. Por ejemplo, ¿es justo que el servicio público de enseñanza superior se financie por quien lo consume, al margen de cuál sea el nivel de renta de las familias a las que los estudiantes pertenecen? Creo que no. El problema se centra, pues, en fijar, primero, a qué políticas de gasto el Estado ha de hacer frente y, segundo, cómo se han de redistribuir y/o aplicar los ingresos que se obtienen para financiarlas.
En cuanto a la tercera de las cuestiones, son varios los estudios que señalan que el gasto se puede reducir en torno a un 30% mejorando su gestión. No me refiero a privatizar los servicios públicos, sino a aplicar criterios empresariales en su gestión y/o a que ésta se realice por un privado.
Hace unas semanas, leí con atención la propuesta del PP de bajar los impuestos reduciendo el gasto. Pero, entendámonos bien; no reduciendo el ámbito de intervención del Estado, sino disminuyendo el importe de aquél manteniendo el nivel y calidad de los servicios. Si esto es posible, o el gasto carece de control, o su gestión se puede ostensiblemente mejorar, o las dos.
Sea como fuere, la propuesta exige que, de una vez por todas, haya transparencia y control sobre los conceptos, importes, financiación, redistribución y gestión de las diferentes partidas y políticas de gasto. Dicha propuesta, tan esperanzadora como alarmante, por su enorme calado social, requiere analizar si es o no posible reducir el gasto manteniendo el nivel y calidad de las prestaciones. Y si es así, ¿por qué no se ha hecho antes?
En cualquier caso, y con el convencimiento de que el gasto se puede reducir sin menoscabo de la calidad de los servicios y que los incentivos fiscales, que representan hoy el 30% del total de los ingresos del Estado, se pueden también reducir, no es de extrañar la preocupante indiferencia del ciudadano sobre la política. Y es que, como no puede ser de otra forma, lo importante es el pan nuestro de cada día. Lo preocupante es que tarde o temprano hay que hacer frente a situaciones como el envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad, las prestaciones por dependencia, la inmigración, las economías emergentes, etcétera.
Por tal motivo, es urgente empezar a debatir al respecto sin olvidar que detrás late, además, el verdadero y principal problema: una sociedad que ha devaluado sus valores esenciales y un sistema educativo que no los cultiva ni fomenta. Y no lo olvidemos: la llama de la vela se está apagando lentamente. Es pues el momento de afrontar sin demora el tabú de la justicia tributaria desde su verdadera perspectiva: el gasto público.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé Profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y asesor fiscal