La igualdad real en las políticas públicas
Permiso de paternidad, paridad en los consejos de administración, planes de igualdad en las empresas son algunos de los elementos más recurrentes a los que se hace referencia cuando hablamos de la Ley de Igualdad que entró en vigor el pasado 24 de marzo.
Sin embargo, la reflexión que dicha ley realiza sobre el papel de los poderes públicos en relación con el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las políticas públicas parece estar pasando más desapercibido de lo que inicialmente cabría esperar.
Y es que la Administración es una pieza clave para la efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo y potenciando la participación de las mujeres en todos los ámbitos y eliminando los obstáculos que lo dificultan. El sector público ha de ser ejemplo para el sector privado, integrando la perspectiva de género en su propia gestión. Es preciso que se desarrollen políticas públicas que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres. Ello exige una evaluación de sus posibles consecuencias y la fijación de parámetros objetivos capaces de medir el verdadero impacto y resultados.
La Ley estatal 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno marcó la pauta, pero son ya varios y diversos Gobiernos autonómicos los que han emprendido este camino regulando la realización de informes de impacto de género en el marco del proceso de elaboración de disposiciones normativas, proyectos de ley y reglamentos. Estos informes se conciben como instrumentos para permitir un diseño de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, algunas organizaciones públicas se han servido, entre otras herramientas, de planes de igualdad para impulsar la transversalidad en el diseño, planificación, implantación y evaluación de sus actuaciones.
Sin embargo, es aconsejable que estas estrategias, asumidas de uno u otro modo en función de quienes las impulsan, incorporen otros elementos fundamentales sin los cuales todos los esfuerzos realizados pueden no dar los resultados esperados. Una primera línea de actuación es la plena involucración de los gestores públicos, a través de su sensibilización y formación, así como mediante el establecimiento de directrices claras y la asignación de tareas y responsabilidades concretas. En segundo lugar, es útil la creación de redes para fomentar el intercambio de información y de experiencias que alimenten el proceso de conocimiento y normalización en esta materia, para que ésta deje de ser algo difuso y etéreo. Un tercer ámbito es el establecimiento de indicadores sensibles al género capaces de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en las políticas.
Así, si bien las Administraciones españolas han venido trabajando mucho y muy duro en la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres, no es menos cierto que sus estructuras quizás no están del todo preparadas para hacer de la transversalización de la perspectiva de género un rasgo y seña unívoca de su identidad.
Se trataría, por tanto, de articular un modelo integral de gestión pública más exigente, que progresivamente incorpore mecanismos de participación y sensibilización efectivos de sus propios protagonistas, por ser ellos, en última instancia, los encargados de diseñar, implementar y evaluar las políticas, proporcionándoles los instrumentos necesarios para detectar los aspectos de su gestión susceptibles de ser reformulados de manera que contemplen los principios de la igualdad de género. Este planteamiento se basa en una interiorización de la perspectiva de género de forma gradual y realista, en la que se vayan creando las condiciones para obtener indicadores y estadísticas que faciliten la medición de esta perspectiva de género de manera eficaz y eficiente.
En definitiva, es deseable que la Administración avance y se dote de los instrumentos necesarios para desarrollar políticas públicas con un verdadero enfoque de planificación, evaluación y orientación a resultados y a necesidades reales. Ello contribuirá a aumentar la eficacia de la Administración y con ello se acortará la distancia entre los poderes públicos y la ciudadanía.
Elena Pisonero Ruiz. Ex embajadora de España ante la OCDE y responsable de Infraestructuras y Gobierno de KPMG episonero@kpmg.es