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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los números negros del Estado

La excelente marcha de la actividad económica está teniendo un generoso reflejo en la creación de empleo y en los beneficios empresariales. Pero hay más agentes que aparecen en el reparto de los réditos de la bonanza económica, el Estado y la Seguridad Social. Si la economía crece un 4% y el empleo no menos del 3%, los ingresos por impuestos, directos e indirectos, así como por cotizaciones, deben recoger esa euforia de la actividad. Y así lo han hecho. En los tres primeros meses del año, la caja del Estado acumula un superávit de 6.857 millones de euros y la de la Seguridad Social, de más de 5.480 millones.

De mantenerse esta espectacular progresión durante el resto del año, el sector público volverá a cerrar sus cuentas con unos números negros de casi un 2% del PIB, cerca de 20.000 millones de euros. En el caso del Estado, se aprecia una aceleración en la recaudación ligada a las rentas del trabajo, pese a que la reforma fiscal que entró en vigor en enero supone un ligero descenso de las retenciones. Los ingresos por renta del trabajo suben un 11,2%, mientras que los imputados al capital (cuya retención en origen subió del 15% al 18%) aumentan un 34%, y más de un 110% los originados por ventas de fondos de inversión.

En la Seguridad Social, se mantiene el ritmo de avance de los ingresos por cotizaciones, pero se aprecia una aceleración en los incrementos de los gastos por pensiones, hasta situarse muy cerca ya al tirón de los ingresos. De mantenerse y proyectarse esta tendencia al resto del año, el superávit podría verse reducido.

Disponer de datos tan boyantes como los conocidos ayer no significa que no deba extremarse el celo en el control de los gastos, puesto que una situación tan brillante en las cuentas hay que imputarla en buena parte a la generosidad del ciclo. Seguramente detraer más recursos públicos de la circulación ayudaría a enfriar la actividad, que tampoco estaría de más. Pero lo realmente preocupante es si las comunidades autónomas y los ayuntamientos, embarcados en procesos electorales, tienen el mismo empeño en la gestión.

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