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Regulación

Bruselas expedienta a España por no transponer la Mifid

Bruselas expedientó ayer a 24 países por no adoptar en el plazo previsto la nueva regulación del mercado de valores. España, que figura entre los infractores, acumula junto a Eslovenia el mayor retraso en la tramitación.

El plazo para la adopción de las dos nuevas directivas comunitarias sobre instrumentos financieros expiró el pasado 31 de enero, pero sólo tres países (Reino Unido, Rumanía e Irlanda) han incorporado ya el texto a su legislación nacional.

El resto de socios acumula, a juicio de la Comisión, un alarmante retraso en la adopción de unos textos que permitirán a las firmas de inversión beneficiarse del pasaporte único para operar en todo el mercado comunitario acogiéndose a la autorización de su país de origen.

Bruselas teme que el ritmo desacompasado en la adaptación de las legislaciones frustre ese objetivo. La CE se muestra especialmente impaciente porque la complejidad de la nueva directiva requiere un largo periodo de adaptación por parte de las compañías afectadas. La directiva concede 10 meses para llevarla a cabo, pero ese plazo concluye el próximo 1 de noviembre.

España, según los documentos de la CE, es uno de los países que sin duda no cumplirá ese plazo. En un cuestionario remitido el mes pasado por el departamento de McCreevy a las autoridades nacionales, el Gobierno español apunta noviembre de 2007 como fecha probable para la adopción de la primera directiva (que data de 2004). Pero ni siquiera aventura una fecha para la segunda (de 2006).

Ese incierto calendario convierte a España en el país más retrasado en la adaptación de la nueva normativa. Sólo Eslovenia comparte ese dudoso honor. El resto fija noviembre de este año, como muy tarde, para haber completado la tarea.

Daños y perjuicios por el retraso

El expediente abierto ayer contra España puede acabar, como tantos otros iniciados por la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia europeo. Pero Bruselas advierte esta vez que el retraso en la adaptación de la normativa sobre instrumentos financieros puede llevar también aparejadas denuncias por parte de particulares contra los Estados miembros más lentos en la tramitación. 'Existe el riesgo de que alguien pida daños y perjuicios por la aplicación tardía de la ley', subraya el departamento de Mercado Interior, dirigido por el comisario europeo Charlie McCreevy. 'El retraso puede someter a empresas y bancos europeos a una seria desventaja competitiva', señaló ayer McCreevy.Entre las posibles perjudicadas figuran las firmas de inversión internacionales, que verían amenazada su actividad por la incertidumbre legal sobre qué norma aplicar en cada país. Los bancos también podrían verse afectados por el mantenimiento en algunos países del monopolio que disfrutan las Bolsas nacionales para la negociación de valores, actividad que la nueva ley liberaliza.

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