La Junta de Andalucía estima que Delphi ha violado tres directivas
La Junta de Andalucía considera que la multinacional Delphi ha incumplido hasta tres directivas comunitarias además de la legislación laboral española con el cierre 'ilegal' de la planta de Puerto Real. El Gobierno andaluz llevará a la fiscalía estos presuntos delitos si la jueza rechaza la declaración de insolvencia, mientras que se personará en el proceso si se admite la solicitud.
El consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, explicó ayer ante el Consejo Económico y Social de Cádiz, que analizó la crisis industrial provocada en la Bahía, que las 'maniobras premeditadas' de la empresa Delphi contravienen tres directivas comunitarias. Se refiere, por un lado, a la 94/45 sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a trabajadores en empresas de dimensión comunitaria.
También se habría vulnerado la directiva 98/59 de aproximación de las legislaciones de los estados miembros, que se refieren a despidos colectivos, y la 2002/14, que regula el marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores en la Unión Europea.
A juicio de la Junta, la 'vulneración' de dichas normas comunitarias se completan en el ámbito nacional con la ruptura unilateral del plan industrial 2005-2010 'pese a su valor como convenio colectivo', así como con el incumplimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Así, la Junta aguarda la resolución judicial sobre la declaración de insolvencia cursada por la empresa en un Juzgado Mercantil de Cádiz. Si la magistrada desestima la solicitud de Delphi, el Gobierno de Manuel Chaves llevará a la Fiscalía las vulneraciones legales apreciadas y si la jueza admite la demanda de la empresa 'nos personaremos en la situación concursal', según explicó el consejero.
Fernández acusó a la multinacional de llevar a cabo un comportamiento 'antisocial' y aseguró que la empresa 'no tendría fondos suficientes como para reponer o subsanar el daño psicológico que ha cometido en la provincia gaditana'.
'Crear miedo'
Antonio Fernández explicó también que había informado a los miembros del CES de Cádiz de su reunión en Bruselas con el comisario de Empleo, quien le 'confirmó' que el procedimiento utilizado por Delphi para su planta de Puerto Real es 'claramente ilegal'.
Según Fernández, que la empresa haya solicitado acogerse a la ley concursal 'no subsana en modo alguno el mes y medio de comportamiento y de presión social que está provocando en la provincia'.
La única conclusión clara, según el consejero de Empleo, es que 'la única que está infringiendo la ley, está causando daños y está obligado a presentar soluciones y financiarlas es Delphi'. Insistió en que la multinacional 'prefiere un conflicto social antes que la solución, y ésta es una actitud predeterminada de Delphi, que quiere crear el miedo entre los trabajadores'.
Sobre las actuaciones de su Consejería, matizó que hay que tener en cuenta que las cartas que recibieron los trabajadores en su día sobre el cierre 'no son acordes a derecho' y sobre la devolución de subvenciones recibidas informó de que, 'en principio no vamos a actuar pero sin descartar que en el futuro les pidamos que nos den las ayudas, el coche y hasta el llavero'.
Preocupación
Por su parte, el secretario provincial de UGT, Pedro Custodio, insistió en la necesidad de mantener un actitud 'clara' ante el conflicto y manifestó su preocupación por las industrias auxiliares.
Igualmente, el secretario provincial de CC OO, Manolo Ruiz, destacó la importancia de que el consejo mantenga un actitud 'clara y firme' ante la situación de Delphi, 'porque es un problema muy difícil y hay que aunar posiciones'.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, mostró su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, recordando que a los 1.600 despidos 'hay que sumar los más de 100.000 desempleados gaditanos'.
La huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 18 de abril sigue sumando apoyos institucionales. La Diputación de Cádiz, gobernada por el PSOE, dio ayer su respaldo a esta movilización. Por su parte, el Consejo Económico y Social de la provincia, órgano formado por Gobierno, Junta, sindicatos, empresarios y la propia Diputación, no ha adoptado ninguna decisión colectiva al respecto, aunque mostró su 'más enérgico y contundente rechazo' a la actitud de la empresa Delphi, ante el cierre 'ilegal' de la factoría de Puerto Real. De esta forma continúan las muestras de rechazo de las instituciones públicas, colectivos patronales y sindicatos frente al planteamiento de la multinacional estadounidense del automóvil.
'Delphi no tendrá fondos para reparar el daño psicológico cometido'