Seguridad jurídica en España
En el Cinco Días del 10 de marzo analizaba cómo el mal funcionamiento de las Administraciones públicas españolas supone una restricción relevante para la actividad empresarial. Como anunciaba entonces, hoy me propongo examinar el estado de la seguridad jurídica en nuestro país.
Es obvio que la percepción de los empresarios acerca de la seguridad jurídica en la que se desenvuelve su actividad es un elemento fundamental para la inversión productiva y para la innovación. La seguridad jurídica tiene varios aspectos relevantes: cómo funciona la justicia, qué transparentes y estables son las normas, en qué grado se cumplen normas y contratos. Los datos apuntan a que los empresarios españoles perciben serios problemas en todos esos aspectos y que su opinión es significativamente peor que la de los empresarios de los países con los que optamos converger. También algunos datos objetivos redundan en la misma dirección.
El análisis que hemos realizado de los resultados de la Executive Opinión Survey (EOS), una encuesta realizada por el World Economic Forum a ejecutivos empresariales del todo mundo, pone de manifiesto que la opinión de los empresarios sobre la eficacia de la justicia en España y sobre la existencia de un marco legal adecuado que garantice la protección de los derechos es mala, sustancialmente peor que la que tienen en el resto de Europa occidental, exceptuando Italia. En ambos indicadores, España se encuentra en el puesto 23 de entre los 30 países de la OCDE, a mucha distancia de los países más avanzados. Peor que España sólo se encuentran Italia y los países de menor renta per cápita que se incorporaron más recientemente a la OCDE. La distancia de España a los países mejor calificados (Dinamarca y otros) es más del doble que la que tiene a los países peor calificados (Polonia y México).
En cuanto al carácter claro y estable de las normas, la posición de España es menos mala. Se encuentra situada en el puesto 19 entre los países de la OCDE, pero a igual distancia de los mejores países que de los peores, y además de Italia hay otros países de Europa occidental (Bélgica, Grecia, Portugal) que se encuentran peor.
Estos resultados internacionales de la EOS se encuentran plenamente corroborados por los que se obtienen de encuestas a muestras grandes de empresarios españoles. En una encuesta que hemos realizado a 1.800 empresarios, el 52% de los encuestados consideran que el funcionamiento de los tribunales de justicia es una obstáculo grande para su actividad y sólo el 12% lo considera un obstáculo pequeño.
Cuando se les invita a valorar la justicia, el 64% considera que el funcionamiento de ésta fomenta una sensación de indefensión y el 54% que beneficia a competidores y clientes de mala fe. La lentitud es lo que les genera más problemas: el 60% opina que la lentitud es muy alta y sólo el 13% que es baja. Pero tampoco realizan una valoración muy positiva de su equidad: sólo el 23% valoran como justas las sentencias, mientras que el 26% les otorga una nota baja en equidad. Por último, el 70% considera que el funcionamiento de la justicia contribuye a aumentar los costes empresariales, al tener que prever riesgos de los que la justicia no les protege. Tienen mejor opinión de la justicia laboral, que aunque no la consideran más justa sí que la perciben más rápida.
La mala opinión empresarial sobre el funcionamiento de la justicia se confirma en otras encuestas sobre el particular, como una realizada por Metroscopia para el ICO, que revela una opinión empresarial sobre lo restrictivo que resulta el estado de la justicia aún más radical que la que refleja la nuestra. También la lentitud es el elemento crítico y también la opinión sobre la justicia laboral es algo mejor que la que confiesan sobre la justicia ordinaria.
Tal como ocurre en la EOS, los empresarios españoles revelan menores dificultades con la transparencia y estabilidad de las normas, aunque en nuestra encuesta sólo el 18% de los empresarios opinan que las normas son fáciles de entender e interpretar y sólo el 22% tienen una confianza alta en que no cambien de improviso.
Deja bastante que desear también el grado de cumplimiento de normas y contratos en España. Acabamos de saber que España es (tras Italia, claro) el país de la Unión Europea que ha cometido más infracciones comunitarias. Por otra parte, un informe de la sociedad de gestión de riesgos Intrum Justitia revela que España es uno de los países europeos en donde existe peor práctica de pago a las empresas (de 22 países España se encuentra la 19, sólo superada por Polonia, República Checa y Portugal). Lo cual es coherente con los datos de nuestra encuesta en la que el 47% de los empresarios encuestados considera que el retraso de los pagos y los impagos de sus clientes representan un problema grave.
Seguro que este estado de cosas introduce relevantes elementos de incertidumbre que operan en contra de la innovación y de la mejora empresarial. ¿Qué se puede hacer? Desde luego mejorar la justicia dotándola de mayores medios y mejoras procesales. La reforma de la justicia, como la de la Administración pública, debería ser una prioridad.
Pero es necesario también un cambio de conducta de los responsables públicos. Observamos con estupor cómo responsables políticos incumplen, sin ningún pudor, normas de rango superior, cómo critican decisiones de los tribunales cuando consideran que lesionan sus intereses o su ego, cómo los que deberían ser los máximos defensores del entramando institucional se dedican a minarlo. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?
Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense