Por un canon digital sostenible
La nueva Ley de Propiedad Intelectual extiende el canon establecido para compensar a los autores por las copias privadas a casi todos los soportes digitales. Fracasadas las negociaciones para determinar la cuantía de la compensación, el Gobierno tiene ahora la última palabra. El autor expone las inquietudes del sector de la electrónica.
La negociación llevada a cabo durante los últimos cuatro meses entre la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las entidades de gestión de derechos de autor ha acabado sin un acuerdo. Ahora será el Gobierno, a través de los ministerios de Cultura y de Industria, el que establecerá la cuantía del canon digital, así como la lista de equipos a los que afectará dicho gravamen, mediante una orden ministerial que tendrá validez durante los próximos dos años.
Siempre abogaré por una defensa y justa compensación de los derechos de autor, aunque creo que el modelo de canon que consagra la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en España no es la mejor opción, puesto que este canon introducirá distorsiones en los mercados de TIC afectados. Entre éstas, elevar notablemente los precios, con la consiguiente inflación; favorecer la extensión del mercado negro y, por tanto, la evasión de impuestos; elevar las pérdidas económicas y de empleo en las empresas del sector de las TIC; establecer la múltiple imposición, y gravar tanto a particulares como a empresas por la utilización de dispositivos y soportes para actividades distintas a la copia privada.
Las entidades de gestión mantienen que son los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción los que deben asumir el gravamen y no el consumidor. Sin embargo, ese planteamiento ignora los argumentos más elementales de la teoría económica respecto a los impuestos y a todos los costes añadidos a un producto: es inevitable que la mayor carga se traslade al consumidor final. Existen modelos más justos y sencillos para compensar el daño a los derechos de autor en la copia privada, como, por ejemplo, el pago del canon en el momento en que se adquiera la obra protegida.
En las negociaciones entre la industria de las TIC y las entidades de gestión, éstas han puesto encima de la mesa unas reivindicaciones económicas más allá de lo razonable. El cálculo debe basarse en el concepto de daño efectivo, como determina la ley, y tener en cuenta el uso preferente para copia de los soportes y equipos. No se puede pretender recaudar en concepto de canon más que los propios ingresos de la actividad que se pretende proteger.
Es inaudito que el canon solicitado por la entidades de gestión llegue en algunos casos al 60% del valor del producto, con el agravante de que este porcentaje se irá incrementando en la medida en que por razones de mercado y consumo éste vaya teniendo menos valor, escenario normal en la evolución de los precios de los productos del sector de las TIC.
Injustificable es, también, la pretensión de aplicar el canon de forma retroactiva, intentando cobrar el mismo desde meses antes de la aprobación de la orden ministerial. En este sentido, las entidades de gestión, a pesar de la reforma de la LPI, siguen adelante con procesos judiciales en los que reclaman a las empresas del sector de las TIC cantidades millonarias por el canon de los últimos años, que éstas nunca llegaron a repercutir en el precio final del producto.
Las obligaciones que la reforma de la LPI impone a la industria de las TIC obligan a la compensación, pero ésta debe tener los límites propios que permitan compensar lo justo y no recaudar lo máximo con independencia de los perjuicios que se causen al mercado y a los usuarios.
Desde Asimelec hemos solicitado a las entidades de gestión la aplicación de un porcentaje fijo del canon para todos los dispositivos y soportes afectados no superior al 5%. Esta solución compensaría lo justo, no produciría distorsiones en los mercados ni favorecería la aparición de mercados negros.
Los ministerios de Industria y de Cultura deben tomar la decisión adecuada que permita la existencia de un canon sostenible y justo que no perjudique gravemente a las empresas de las TIC en España y a los consumidores. En juego está el desarrollo de la sociedad de la información que necesita de un sector tecnológico fuerte que lidere las transformaciones necesarias para que nuestro país no pierda definitivamente el tren de la innovación y el progreso económico y social.
Martín Pérez. Presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec)