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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Paso a la segunda descentralización

La organización de España como Estado descentralizado para mejorar su funcionamiento estará incompleta mientras no se acometa el problema de la financiación local. Este debe ser un gran paso modernizador, en el que los aspectos ideológicos han de dejar el espacio que se merece a la eficacia y el buen uso de los recursos públicos. La Administración central ha protagonizado un proceso descentralizador a favor de las comunidades autónomas que, a la larga, ha sido ejemplar. Ahora que les ha llegado el turno a éstas, está por ver cómo lo entienden.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado una serie de propuestas que, en general, parecen atinadas, porque siempre es plausible la mayor cercanía entre el recaudador y las decisiones sobre el destino de los recursos. Entre sus peticiones está un aumento en la participación de los ingresos por IVA, IRPF e Impuestos Especiales -tanto en porcentaje como en el número de ayuntamientos que se pueden beneficiar directamente de ellos-, así como cambios que doten a las corporaciones de mayor discrecionalidad sobre las tasas municipales y el perfeccionamiento de la relación con las respectivas comunidades autónomas, de las que quieren recibir más transferencias. También reclaman lo que consideran 'gastos de suplencia' por prestar servicios en competencias que les corresponden a las autonomías.

A falta de su desarrollo, son propuestas que no parecen descabelladas si se quiere avanzar en la eficiencia del Estado y, al mismo tiempo, desligar a los municipios del urbanismo salvaje como perniciosa fuente de financiación.

Pero la reforma de la financiación local perdería sentido si se entiende como una simple reforma de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y no dentro de una ambiciosa reforma global. Y esto implica que el nuevo diseño de la financiación de la Administración territorial se haga conjuntamente, con la participación tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales. Es esta una demanda de la FEMP llena de lógica, además de necesaria, porque urge el reequilibrio entre la financiación autonómica y la local. Y es una petición que, por otra parte, exige la ley cuando garantiza una suficiencia financiera de las corporaciones locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos- compatible con la supresión, desde 2003 y para más del 92% de los contribuyentes, del Impuesto sobre Actividades Económicas, el segundo tributo local en importancia recaudatoria, tras el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Es cierto que los plazos se acortan y se antoja imposible que este proceso se vaya a completar en la presente legislatura. Pero esta segunda descentralización es uno de los principales deberes que tienen pendientes los representantes elegidos por los ciudadanos. Y se equivocará quien crea que no urge, porque, si se hace bien, resolverá problemas de reparto que pueden estar redundando en peores servicios para los ciudadanos. Pero, además, si se hace bajo el prisma de la eficacia, esta segunda descentralización servirá también para eliminar muchas de las estridencias provenientes de la primera, ya que hay aspectos del funcionamiento autonómico demasiado alejados de la excelencia.

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