El PSOE negocia con el PP la Ley de Competencia
La alta tensión que afecta a las relaciones entre los dos grandes partidos tendrá esta semana un paréntesis en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. PSOE y PP inician hoy una negociación que ambos esperan culminar con éxito.
La enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia presentada en el Registro del Congreso por el PP puede quedar sin efecto este jueves si la negociación prospera. Fuentes del primer partido de la oposición confirmaron ayer la buena disposición que tiene para alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Economía que permita sacar adelante el proyecto de ley por unanimidad.
Para ello, el Ministerio que dirige Pedro Solbes tendrá que matizar la regulación prevista en el proyecto sobre la vigilancia de la competencia en las concentraciones empresariales. El PP considera que el Gobierno persigue politizar el control de estas operaciones reservándose la potestad para designar a todas las autoridades de la competencia, entre ellas al presidente de la Comisión Nacional y a los miembros del Consejo. Detecta también en el proyecto de ley una falta de seguridad jurídica para los operadores.
La ponente socialista en este proyecto, la diputada catalana Elisenda Malaret, considera posible alcanzar un acuerdo con el PP y también con CiU, el otro grupo que ha enmendado el texto a la totalidad con el argumento de que invade competencias reservadas a la Generalitat en el Estatuto catalán. 'El proyecto tiene dos ejes básicos, uno es el reforzamiento de la independencia de la inspección a través de la creación de la Comisión Nacional de Competencia y otro es la incorporación de la última oleada de reglamentos comunitarios. En este sentido, afianza la apuesta del Gobierno por un funcionamiento eficiente de las instituciones económicas y de los mercados', afirma.
CiU también se decanta por el acuerdo con el Gobierno. Su portavoz de Economía, Josep Sánchez Llibre, centrará la negociación en las previsiones que recoge el artículo 154 del nuevo Estatuto, que establece que Cataluña ostenta competencias no sólo en la ejecución del procedimiento sancionador en materia de competencia sino también en materia de promoción de la competencia, informes sobre apertura de grandes establecimientos comerciales y, sobre todo, en las concentraciones empresariales y las ayudas públicas.