Hacienda exige a la banca que cierre cuentas de defraudadores
La Agencia Tributaria y la banca están colaborando para impedir que ninguna empresa o individuo a quien se le haya revocado el número de identificación fiscal (NIF) por parte de las autoridades tributarias pueda abrir cuentas corrientes en el territorio español.
La Ley de Prevención del Fraude Fiscal que acaba de entrar en vigor en enero obliga a las entidades financieras a no permitir a los contribuyentes a los que se les haya revocado el NIF abrir cuentas bancarias para realizar operaciones económicas, y a exigir cerrar o bloquear las existentes.
A pesar de que la revocación del NIF como la del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) es publicada en el BOE cada vez que se produce una de ellas, las entidades financieras han expresado su malestar a Hacienda por falta de transparencia. 'En principio no es necesaria la comunicación expresa a la banca, ya que ellos deberían consultar todos los días el BOE. No obstante, intentaremos habilitar una fórmula para que las entidades puedan tener constancia, con facilidad y en todo momento, de los contribuyentes defraudadores a los que Hacienda les cierra el paso', dijo ayer Carlos Cervantes, director de Inspección Tributaria en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
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El año pasado fueron revocados ya cerca de 300 números de identificación fiscal
En este sentido, se barajan fórmulas, según Cervantes, como la publicación y la actualización permanente de estos números en la página web de la Agencia Tributaria para que bancos y cajas de ahorro puedan tener constancia más fácil de ello. En el fondo, de lo que se trata es que ninguno de estos ciudadanos pueda utilizar los servicios financieros para seguir defraudando.
La retirada del ROI (unos 2.000 expedientes en 2006) y del NIF implica, además, otra serie de efectos como la imposibilidad de acceder al Registro Mercantil y hacer asientos, con lo que un defraudador no podrá seguir creando empresas para labores ilícitas.
El año pasado la Agencia Tributaria revocó cerca de 300 números de identificación fiscal, ligados a nidos de sociedades sin actividad económica y preparados para ser utilizados para tramas de fraude de IVA e impuestos especiales, según indicaron a Cinco Días fuentes de la administración. La intención es potenciar esta actuación en 2007.
Otro asunto, que ha sido incluido en la citada ley de prevención y del que Hacienda espera sacar provecho es la supresión del trámite de audiencia pública en expedientes de delito fiscal.
'Hasta ahora el fiscal era el único delito en el que se requería este trámite, por lo que los contribuyentes inmersos en grandes tramas de fraude se les entregaba la documentación de la que disponía la administración, dándoles la oportunidad de planear su huida o evadir responsabilidades', recalcó Cervantes. En materia de gestión el director de Inspección consideró positiva también la reducción del 25% en el recargo a los contribuyentes que decidan pagar en periodo voluntario, en los casos en los que han comprobado, fuera de plazo, que su declaración tributaria estaba incompleta.
En las jornadas, Bernardo Vidal, subdirector de Impuestos sobre la Renta, anunció que el reglamento del IRPF. que desarrolla la nueva ley, estará aprobado a principios de marzo.
La Agencia Tributaria multiplicará por cuatro las unidades de investigación
Hacienda tiene previsto potenciar la inspección del gran fraude. A lo largo de este ejercicio 'se multiplicarán por cuatro las unidades de investigación' dedicadas a las tramas del IVA el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, según avanzó ayer Cervantes, sin querer dar más detalles de su distribución territorial. 'Estamos recabando personal cualificado y organizando cursos específicos para desplazar inspectores a este tipo de tareas', dijo. La Agencia Tributaria tiene este año para ello 700 millones de euros para luchar contra el fraude que aprovecharán para desplazar a 200 efectivos (entre inspectores y técnicos) a estas tareas antifraude. Entre ellas figura la persecución del tráfico de billetes de 500 euros, que han aumentado espectacularmente su circulación en todo el territorio nacional . De momento ya ha detectado miles de operaciones en las que se ha utilizado miles de este tipo de billetes en cada una de ellas.Otro aspecto en el que se prestará máximo interés es a las operaciones vinculadas entre matrices y sus filiales (precios de transferencia). Según recalcó, acaba de crearse una unidad centralizada de Fiscalidad Internacional para comprobar que las empresas contabilizan estas operaciones a precio de mercado, como fija la nueva ley.