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Tribuna
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Sanidad pública y privada, esfuerzos complementarios

En su reciente documento Un sistema sanitario sostenible, el Círculo de Empresarios llama la atención sobre el hecho de que, aunque el sistema funciona razonablemente bien en España, su sostenibilidad se ve amenazada a largo plazo por los avances tecnológicos, la sofisticación de la demanda y el envejecimiento de la población.

De los tres ejes típicos de cualquier sistema -coste, calidad y accesibilidad-, es en este último, según el citado documento, donde los problemas son mayores, como ponen de manifiesto las listas de espera y el creciente descontento que generan.

La racionalización de la demanda se perfila, por lo tanto, como uno de los retos de futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema. En este contexto, el enfoque asegurador, como sistema mixto que combine una financiación pública básica y privada complementaria y voluntaria, se nos ofrece como una de las grandes opciones de futuro.

En nuestro país, el gasto sanitario total representa el 7,7% del PIB, del que el 5,5% corresponde al sector público y el 2,2% al privado. Desde 1990 a 2003, el gasto per cápita ha aumentado por encima del PIB, del 21% al 28%. En cuanto al número de hospitales, el 55% son de titularidad privada, lo que representa el 33% de las camas.

La población acude a la sanidad privada de modo creciente, fundamentalmente por seguros privados. Este doble aseguramiento así como la gestión de listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, disminuye la presión asistencial y financiera sobre el sistema público. Lo mismo ocurre con la actividad concertada, a veces sustitutoria, acercando servicios básicos como las urgencias a la población, donde no llega el sector público, contribuyendo a la accesibilidad y la equidad .

El sector privado ha sido pionero en la incorporación de las modernas técnicas de gestión a sus centros, tanto en sistemas de contabilidad, de gestión farmacéutica y de stocks, como en la informatización integral e incorporación de nuevas tecnologías. Es habitual el empleo de telemedicina y de sesiones clínicas e interconsultas, por ejemplo, por videoconferencia.

Resulta evidente que la coexistencia de un sector privado junto al público mejora el funcionamiento global de la oferta sanitaria con una sana y deseable competencia, incrementando la libertad y capacidad de elección del paciente, siendo una pieza clave para el mantenimiento de nuestra sanidad.

El avance hacia un sistema mixto que combine con mayor eficacia los elementos públicos y privados del sistema precisa de una racionalización que para el Círculo pasa por criterios como los siguientes:

El sistema público debería ofrecer una cobertura básica explícita y claramente definida, concretada en una 'lista cerrada' de prestaciones que se financiaría a través de los impuestos. Esta cobertura en ningún caso sería inferior a la actual y se vería complementada con un sistema privado de carácter voluntario, financiado por los pacientes, directamente o a través de seguros. Los servicios adicionales que fueran surgiendo y tuvieran un beneficio marginal menor que su coste serían atendidos por la vía privada. Se evitarían, además, y en contra de lo que sucede hoy, las duplicidades entre los sistemas público y privado, y estos serían realmente complementarios.

Obviamente la definición de los límites a la cobertura pública no estaría exenta de dificultades, dadas las constantes presiones que aparecerían para incorporar nuevos tratamientos, tecnologías o medicamentos. Es preciso por tanto contar con un sistema eficiente de análisis y selección de los avances en medicina que vayan produciéndose.

El recurso sistemático a conciertos con el sector privado que permitieran poner en común la infraestructura hospitalaria disponible haría posible reducir las listas de espera. Se aplicaría así el principio de que 'la financiación pública sigue al paciente', independientemente de que la provisión del servicio sea pública o privada, trasladando al ámbito clínico lo que ya se está haciendo en la actualidad en la atención sociosanitaria. También el recurso más generalizado a la gestión privada de servicios hospitalarios públicos, como es el caso de Alzira y en un futuro de Torrevieja, Denia y Valdemoro, contribuiría a reducir la presión financiera sobre el sistema público.

En la gestión de los servicios públicos también podrían añadirse otras mejoras, como la elaboración de 'facturas en la sombra' que reflejaran el coste de tratamiento de los pacientes, entregándoseles a éstos sólo a efectos informativos. Ello permitiría una mayor concienciación de la demanda respecto a los costes en que incurre el sistema, reduciendo esa imagen de gratuidad que a veces se tiene.

La adopción de un enfoque asegurador posibilitaría la coexistencia de un sistema público y otro privado de carácter auténticamente complementario. Esta complementariedad, junto con la introducción de los elementos adicionales antes comentados, haría posible la introducción de mejoras en la calidad, accesibilidad y costes del sistema público. De forma que ambos, público y privado, estarían en condiciones de hacer frente a las cada vez mayores exigencias del futuro.

Pedro Luis Cobiella. Miembro del Comité de Sanidad del Círculo de Empresarios

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