Clos pagará por adelantado el déficit de la tarifa eléctrica
El real decreto de tarifas de 2007 reconoce la existencia previa de un déficit de ingresos de 750 millones para el primer trimestre y admite hasta 3.750 millones en el año. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, la financiación de este déficit no será gestionada por las empresas, sino por el regulador, y se cargará en las tarifas de acceso a las redes, que bajan un 10%.
El borrador de real decreto de tarifas avanza algunas de las reformas del mercado que está preparando Industria, por lo que equivale a un auténtico paquete regulatorio. Así, el texto incluye el reconocimiento ex-ante de un déficit de ingresos de 750 millones en el primer trimestre de 2007. Este reconocimiento previo responde, según el ministerio, a que no es posible, 'por razones sociales', subir la tarifa 'todo lo que sería necesario'. En el conjunto del año, se admite un déficit de 3.750 millones (cinco veces aquélla cantidad).
Aunque, a priori, la cifra no difiere demasiado de las desviaciones registradas hasta ahora, el mecanismo es más racional. Así, a diferencia de ahora, la financiación de este déficit no irá contra la generación, sino contra las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte, que bajan un 10% en 2007, frente al resto que suben una media del 4,3%. Además, las empresas lo cobrarán directamente y será el regulador el encargado de gestionar la emisión de títulos de esa deuda, para lo que se abrirá una cuenta en el ICO.
Por otra parte, al ir contra las tarifas de las redes se evitan las críticas que apuntan a que las generaciones futuras van a pagar la energía consumida por las actuales, pues con el nuevo sistema lo que pagarán serán las infraestructuras, que sí disfrutarán.
Esta medida se complementa con una disposición que establece la creación de subastas de energía a plazo (trimestrales) que permitirán la contratación anticipada de la distribuidora a un precio de compra garantizado con el que el ministerio fijará las tarifas al principio de cada trimestre. Estas subastas se regularán en una orden ministerial, cuyo objetivo es adaptar costes y tarifas y evitar la generación de déficit derivadas de la manipulación de precios por parte de las empresas.
Y es que la tarifa eléctrica es una auténtica hipoteca de déficit acumulados que se van difiriendo en el tiempo (ver cuadro). Sólo en la de 2007, los consumidores pagarán más de mil millones de euros por las desviaciones del pasado, incluidos los más de 173 millones correspondientes al de 2006, que aún no se ha cerrado.
Además de eliminar el pago por garantía de potencia de las centrales nucleares (que deja un hueco de 300 millones en la tarifa), como adelantó el jueves Cinco Días, el borrador incluye otra medida que ha sorprendido al sector. Se trata de la obligación por parte de las operadores dominantes (Endesa, Iberdrola, Fenosa, HC y Enel Viesgo) de hacer emisiones primarias de energía (las llamadas subastas virtuales) durante unas horas al día a partir del 1 de julio de 2007. La podrán comprar los productores del mercado, excepto los que forman parte de los tres grandes grupos (Endesa, Iberdrola y Fenosa). Para las empresas esto supone ceder la gestión de parte de su potencia en el mercado, aunque fuentes del sector aseguran que el mecanismo que fija el decreto es de difícil aplicación.
En cuanto a la retribución por garantía de potencia (1.100 millones), la intención del Gobierno es reformar todo el sistema de retribución, más allá de las nucleares, por lo que pide a la CNE una propuesta de revisión.
El Gobierno prevé un crecimiento de la demanda del 3,55% en 2007 y una previsión del precio de la energía de los productores peninsulares en el régimen ordinario de 52,97 euros Mwh, incentiva la salida de los grandes consumidores al mercado libre.
Para calidad de suministro el decreto incluye una partida de 90 millones de euros, en cofinanciación con las comunidades autónomas. Por su parte, la cuantía para el plan de eficiencia energética será de 176.760 millones.
Un mecanismo para resucitar la competencia
El déficit tarifario (diferencia entre los ingresos de las actividades reguladas y la tarifa) tiene un componente político, que el Gobierno viene a reconocer con el nuevo sistema que aplicará a partir del 1 de enero, además de otro de riesgo económico. En este último caso, la ventaja de reconocer previamente la desviación que se va a producir y financiarla con un recargo en las tarifas de acceso a las redes es que se podrá resucitar la competencia de las comercializadoras, que han sido barridas prácticamente del mercado libre, pues no han podido competir con unas tarifas baja y unos precios altos: los del mercado mayorista al que todos acuden a comprar.Otro de los objetivos del decreto es incentivar la salida de los grandes consumidores al mercado libre. Para ello, además de modificar los tipos de interrumpibilidad (tarifas más reducidas a cambio permitir cortes por necesidad de la demanda) no se permitirá la vuelta a la tarifa de los consumidores que hayan optado por el mercado libre.