Tarifas con lógica de mercado

Las tarifas eléctricas subirán el primero de enero prácticamente lo mismo que el índice de precios esperado para la inmensa mayoría de los hogares españoles, y una media del 6,5% para los consumidores industriales. Estas tarifas, que podrán ser revisadas trimestralmente desde junio, suponen el primer intento parcial de absorber los costes reales de producción de la energía, de establecer un sistema que penalice el derroche de electricidad y de racionalizar en parte el modelo eléctrico nacional.

Tiene toda la lógica del mundo que la producción y comercialización de la energía eléctrica se someta a las reglas del mercado, como lo hacen otro tipo de variantes energéticas tan sensibles para los consumidores en particular y para la economía en general como los carburantes de automoción o calefacción. Tiene todo el sentido que los consumidores industriales asuman íntegramente el precio de uno de los inputs imprescindibles para la producción, pero que ha perdido de manera muy importante peso relativo en los últimos años. Y no es menos exigible que los hogares carguen con el precio real del servicio eléctrico, una factura ridícula en los gastos del hogar, hasta el punto de que las familias la desprecian con un abuso casi generalizado.

Pero la decisión del Gobierno es intencionadamente parcial, y 14 millones de hogares van a esquivar la subida y van a seguir pagando por la luz lo mismo que cuando el petróleo costaba 20 dólares, sólo para preservar intereses electorales. El sacrificio debe ser para todos, en mayor o menor medida. Pero no por ello hay que descartar excepciones en el trato si están justificadas por riesgos de supervivencia financiera, tanto en hogares como en empresas. Pueden atenderse situaciones de familias con rentas muy limitadas, o sociedades con procesos productivos altísimamente intensivos en el uso de energía eléctrica.

El proceso de armonización tarifaria debe ser, en todo caso, paulatino para no estrangular microeconómicamente a nadie. Pero la Administración y las compañías eléctricas no pueden mantener por más tiempo la ficción de que la energía es barata y se costea con un déficit de unos 4.000 millones al año, pagado con impuestos o titulizado, ni la de que la energía no sube pero sí lo hacen los resultados de las compañías y con ellos los dividendos a sus accionistas.