El Tribunal de la UE exige la devolución de las ayudas vascas
El Tribunal de Justicia de la UE condenó ayer a España por desacato en el caso conocido como las vacaciones fiscales vascas, que rebajaban la factura tributaria por inversiones que crearan más de 200 empleos. La sentencia avala a la Comisión Europea, que denunció al Estado por no haber exigido a las empresas beneficiadas la devolución de las ayudas.
El expediente puede entrar en una vía más conflictiva si continúa la pasividad española, porque Bruselas puede pedir a los jueces que impongan al país una multa millonaria. Para ello, la UE debería iniciar un nuevo procedimiento disciplinario, y si continúa el problema, presentar una denuncia ante el Tribunal con una propuesta de sanción.
Bruselas puede optar por una multa global, por un mínimo de 7,38 millones, o por una sanción diaria de 600 euros por cada jornada de desacato. Esta última cantidad se puede multiplicar según la duración de la irregularidad, la gravedad de la infracción o la capacidad financiera del país y su peso en el Consejo de Ministros de la UE (España, con 27 votos, está en el segundo escalón más poderoso).
En la historia comunitaria, este sistema de sanción sólo ha impuesto tres multas, una de ellas a España (624.150 de euros por año de incumplimiento de la directiva sobre calidad de las aguas de baño).
La CE ya dejó claro el año pasado que iba a recurrir con más frecuencia a estas medidas de presión.
La sentencia de ayer se refiere, en concreto, a los créditos fiscales del 45%, concedidos por las tres diputaciones vascas a las inversiones superiores a los 15 millones, y por las reducciones de la base imponible durante cuatro ejercicios a las empresas de nueva creación. En Euskadi, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tienen capacidad para legislar en materia tributaria. Asimismo, se encargan de la recaudación de los impuestos.
Dureza de Bruselas
Esos regímenes, que estuvieron en vigor desde 1995 a 1997, fueron declarados ilegales por la Comisión Europea en julio de 2001. Las ayudas se habían suspendido en el año 2000. Aún así, Bruselas, ordenó a España que exigiese a las empresas la devolución de las ayudas. La CE ha declarado después ilegales varios regímenes en Bélgica, Irlanda o Luxemburgo, y en ninguno de los casos ha pedido esa recuperación.
España alegó durante el juicio las dificultades prácticas que plantea la recuperación porque 'las medidas fiscales no consistían en pagos efectuados por la Administración', sino que se autorizaba a las empresas a deducir la ayuda a la hora de cumplir sus obligaciones tributarias. La abogada del Estado también adujo que se trataba de una situación tan 'excepcional' que 'en el ordenamiento jurídico interno no se contempla ningún procedimiento para la ejecución de una decisión comunitaria que ordene la recuperación de ayudas estatales'. Bruselas no considera suficientes esas razones. Y asegura que el Gobierno español 'se limita a comunicar las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión' de los tribunales. Además, las autoridades comunitarias recuerdan que 'el único motivo que un Estado miembro puede alegar es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión'.
La patronal cree 'difícil' cumplir la sentencia
La patronal vasca Confebask aseguró ayer que hay dificultades 'legales y prácticas' para cumplir con la exigencia de la UE sobre devolución de ayudas por una menor carga fiscal. La organización que representa a los empresarios vascos pidió 'respeto' a 'la buena fe' de las compañías que realizaron unas inversiones 'que ya no es posible retrotraer', y que se hicieron 'al amparo de una normativa estrictamente legal y con arreglo a derecho interno'. Otra asociación, el Círculo de Empresarios Vascos, fue más allá al declarar 'que es práctica y materialmente imposible' dar cumplimiento a esa sentencia, sobre todo 'por la propia tardanza en emitir el fallo'. Las diputaciones fueron más cautelosas en la respuesta. Acataron la sentencia, aunque desde Vizcaya aclararon que el tema está pendiente de resolución sobre la cuestión de fondo.