España pide que el control del 'roaming' no dañe a las operadoras
España dejó ayer claro, durante el consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrado en Bruselas, que sólo apoyará la regulación de las tarifas del roaming internacional si no pone en peligro la rentabilidad de las operadoras de móvil.
Se trataba de la primera vez que los 25 Estados miembros de la UE debatían a nivel ministerial el proyecto de reglamento comunitario que intenta imponer a las compañías de móvil una drástica rebaja en sus tarifas de itinerancia (roaming) internacional.
La sesión puso de manifiesto que la mayoría de los 25 apoyan una intervención legislativa para imponer disciplina en el mercado. Pero las diferencias sobre el alcance y modalidad de esa actuación son tan enormes que el proyecto puede tardar todavía muchos meses en hacerse realidad.
Aún así, la comisaria europea de Sociedad de la Información, la luxemburguesa Viviane Reding, se declara convencida de que el Reglamento entrará en vigor antes del verano de 2007.
El objetivo de Reding sólo parece factible si continúa rebajando la iniciativa de su propuesta inicial, como ya hiciera en el seno de la Comisión. Sólo así podrá convencer a los países con mayor capacidad de bloqueo en el Consejo (Alemania, Francia, Reino Unido o España) que ayer condicionaron su visto bueno al Reglamento a cambios sustanciales y, además, contradictorios.
La delegación española, encabezada por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, reconoció que la propuesta de la Comisión está justificada por 'la necesidad de ofrecer un mayor nivel de protección a los usuarios finales'. Pero Ros recordó que 'debemos velar por el mantenimiento (...) de una industria saneada que pueda hacer frente a los importantes retos del futuro'. 'Estamos en un sector de enorme dinamismo', señaló Ros en rueda de prensa posterior al Consejo. 'Y si bajamos los precios excesivamente, los operadores no podrán hacer frene a los servicios que se les demanda'.
Bruselas propuso en julio limitar las tarifas mayoristas y permitir sólo un recargo del 30% en los precios al cliente final.
España pide mayor flexibilidad y propone como alternativa, para el mercado minorista, una tarifa máxima opcional para el consumidor. Francia y Alemania también presentaron su propia propuesta.