Nuevas formas para la gestión privada del agua
A estas alturas de siglo ya nadie duda de la importancia capital que el agua ha alcanzado para la satisfacción de las necesidades de quienes habitamos el planeta. Nuestra Constitución no ha sido ajena a la importancia de los recursos hídricos. El esfuerzo de todos en la protección de los recursos hídricos debe alcanzar a todos los frentes: debe actuarse sobre la oferta y la demanda, mejorar las redes de distribución para evitar pérdidas innecesarias, hacerse un uso más racional del recurso, repercutiendo, en su caso, los costes económicos en los usuarios, tal y como exige la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60).
En este escenario la obra pública hidráulica está llamada a desarrollar un papel clave. No puede verse en ella a la panacea de todos los males asociados al uso del agua, pero el uso racional del recurso y la reducción y moderación de la demanda no son suficientes si no se acompañan de medidas que actúen sobre la oferta de agua.
La importancia de la obra hidráulica ha sido una necesidad sentida por todos los Gobiernos, independientemente de su color político. Han disentido sobre el tipo de obra a ejecutar (trasvase, desalinización, reutilización, etcétera), pero nunca sobre la necesidad y utilidad de la obra hidráulica.
El contrato de colaboración entre el sector público y el privado va a jugar un papel esencial en la política hidráulica
En los últimos tiempos se observa un giro importante en la política hidráulica. Ha pasado de ser una responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, que las proyectaban, ejecutaban, explotaban y financiaban a sus expensas, a una oportunidad de negocio excelente para los inversores privados. Hemos pasado de un sistema en el que la obra pública se ejecutaba por las Administraciones hidráulicas, generalmente las Confederaciones Hidrográficas, a otro en el que la responsabilidad queda en manos de sociedades públicas de aguas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, y, sobre todo, de los inversores privados.
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), encargada de la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras de interés general de la competencia del Estado, está desarrollando un papel esencial en la dotación de infraestructuras hidráulicas de toda índole, en especial de las destinadas a la mejora de la gestión de los recursos hídricos (a través de actuaciones de depuración, de reutilización de aguas residuales o de modernización de infraestructuras de regadíos), a la mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración ambiental (plantas potabilizadoras, acondicionamiento de cauces, regeneración de acuíferos salinizados) o al incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos (en especial, con plantas desaladoras).
Las fórmulas de participación público privada (PPP) no van a tardar en irrumpir con todo su vigor en el ámbito hidráulico. Se trata de una oportunidad inmejorable para todos los agentes implicados. El Gobierno trabaja ya en la implementación del Programa AGUA y ha anunciado el desarrollo de un nuevo plan de saneamiento y depuración de aguas residuales. La propia actuación de la sociedad Acuamed ya apunta claramente en esta dirección, como demuestran sus actuaciones en desalación, en las que viene licitando conjuntamente elaboración de proyectos, construcción y explotación de las obras.
El Programa AGUA prevé la mejora en gestión y reutilización del agua, pretende contribuir a una mejor calidad de ésta y de los ecosistemas asociados y a incrementar la oferta de recursos hídricos obtenidos de una forma sostenible, garantizando la disponibilidad del agua racionalmente necesaria. Las actuaciones previstas en el litoral mediterráneo suponen unas aportaciones totales de nuevos recursos que superarán los 1.100 Hm3/año, con una inversión total estimada de 3.900 millones de euros.
En todas estas iniciativas la figura contractual de la concesión de obra pública y, en un futuro, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado que prevé la normativa europea e incorporará la futura Ley de Contratos del Sector Público, están llamados a desempeñar aquí un papel esencial, en cuanto se erigirán en herramientas sin parangón para cohonestar los intereses de todos los intervinientes.
Así, la Administración hidráulica podrá acometer importantísimas inversiones en infraestructura sin comprometer su estabilidad presupuestaria y con posibilidad de liberar recursos para otras necesidades sociales económicamente no rentables, transfiriendo los riesgos de construcción y los costes de financiación a los inversores privados, quienes podrán resarcirse mediante la explotación de la obra una vez construida. De esta manera ganamos todos, en particular los ciudadanos, que sólo habremos de afrontar el coste económico de estas infraestructuras en cuanto seamos usuarios de ellas y lo haremos mediante el pago de cánones o precios por su utilización y no mediante impuestos directos, que hasta ahora han venido gravando sin distinción a todos los ciudadanos.
José Ignacio Vega Labella. Socio del Despacho Ramón & Cajal, ex secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente