EDITORIAL

Rigor y control en la dependencia

El Congreso de los Diputados creó ayer, con el respaldo político del Gobierno y el Partido Popular, un nuevo derecho social con coste económico, la prestación por dependencia que garantiza la flamante Ley de Autonomía Personal. Es uno de los proyectos estrella del Gobierno Zapatero, del que no se ha querido descolgar el PP, con un altísimo contenido de solidaridad y con gran brillo electoral. Por esta misma razón, aunque escudándose en otras, los nacionalistas no se han sumado a un carro cuyos frutos quiere saborear la Administración central y quien la gestione. No obstante, es una necesidad social que uno de los países más prósperos del globo, con la esperanza de vida más longeva y con una proyección de envejecimiento alarmante, no podía esquivar.

Pero esta ley debe ir acompañada de cautelas muy estrictas en la concesión de las prestaciones y acervado celo en la gestión de las mismas, para evitar que algo que arranca como respuesta a una necesidad perentoria se convierta en uno de los mayores capítulos de gasto público. Además, debe extremarse desde el inicio, legal y reglamentariamente, el despliegue de la norma para evitar los abusos tan comunes en servicios prestados por el Estado y donde la vecindad de la demanda con el fraude están tan cercanos.

La presencia de la Administración central y las comunidades como pagadores, así como la necesidad de que en algunos casos exista una cofinanciación de quienes reciben la prestación, es un sistema de garantías y vigilancias compartidas que puede funcionar. Pero mantener el rigor en el momento del reconocimiento del derecho es indispensable. En todo caso, en este proyecto deben implicarse determinadas instituciones que cuentan con recursos excedentarios y ya hoy tienen respetables iniciativas de ayuda a la comunidad como obra social, una experiencia que no debe desaprovecharse.