Límites al abuso urbanístico
Todos los intentos normativos de los Gobiernos en los últimos años sobre suelo han tratado de rescatar para la Administración central los poderes que en su día cedieron a la órbita autonómica y local, y que ha logrado la bendición inamovible de todos los tribunales. La avalancha de procesos urbanísticos desordenados, abusivos y con prácticas corruptas que afloran cada día recuerda una vez más el desamparo en el que vive el Ejecutivo de la nación y las escasas posibilidades que tiene de corregir los desmanes, aunque la Ley del Suelo pretenda poner orden en los procedimientos administrativos.
En las últimas semanas han aparecido un sinfín de recetas dispensadas por diversos agentes económicos y políticos para tratar de frenar las prácticas irregulares en el mercado. Y en la gran mayoría de los casos el choque de intereses impide la aplicación de cualquiera de ellas. A la agilización de los trámites exigida por los promotores, responden iniciativas políticas que pretenden poner en manos de las comunidades todo el poder para vetar o autorizar los planeamientos municipales, en función de parámetros de difícil calificación, como el incremento esperado de la población o el aumento del suelo edificable.
Desde luego, en ambos casos se demanda un mayor grado de intervencionismo, que puede ser terapéutico en muchos casos, pero convertirse en paralizador para la actividad en otros. Ya hoy las comunidades disponen de poderes para embargar las competencias urbanísticas de los municipios cuando gobiernen con abuso. En muchos casos lo han hecho, pero cuando el daño era ya irreparable. Marbella es el mejor ejemplo.
La Ley del Suelo pretende también irradiar más influencia gubernamental en las regiones y municipios en infraestructuras y medio ambiente, aspectos ambos olvidados en muchos casos, en la costa sobre todo, y que tienen que ser prioritarios. Es en esta materia en la que más debe concitarse el consenso de los dos grandes partidos nacionales, en lugar de utilizar las irregularidades como arma de guerra electoral.