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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ayuda fiscal para internacionalizar

Las empresas españolas, y no necesariamente las de gran tamaño, han experimentado un proceso de internacionalización acelerada en los últimos 15 años que ha convertido a España en uno de los primeros inversores en el exterior del mundo. El mercado reservado a las empresas españolas que iniciaban sus ensayos de internacionalización en los ochenta y primeros noventa era Latinoamérica, pero en los últimos años el terreno de las compras se ha desplazado a Estados Unidos, Canadá, la Europa continental e insular y, finalmente, a los países emergentes de Asia.

Así, España tiene una veintena larga de empresas globales en términos territoriales, que están gestionadas por unos cuantos centenares de directivos de primer nivel. En esta aventura se han encontrado con escenarios laborales, fiscales y administrativos desconocidos, muchas veces auténticos desiertos normativos, que no facilitan su desenvolvimiento profesional. Qué hacer con la vivienda, con la educación de los hijos, con el encaje profesional de sus cónyuges, con el tratamiento fiscal de su remuneración, de sus inversiones o de sus fondos de ahorro-previsión, son los obstáculos más habituales a los que se enfrentan. Ahora un buen número de estas compañías han unificado las demandas de su personal directivo para buscar el amparo de la Administración en la gestión de sus intereses como personas físicas en situaciones realmente especiales.

No es fácil encontrar profesionales dispuestos a aventurarse a la gestión empresarial en mercados ajenos, y menos encontrar profesionales de primer nivel. Por ello, es una obligación ineludible de la Administración (la fiscal, la laboral) proporcionar ayuda continua para facilitar el tránsito laboral y crear un traje fiscal lo suficientemente cómodo para que nadie rechace una experiencia de internacionalización por dudas en el tratamiento tributario de sus activos. Replicar el sistema más favorable de los países occidentales en España es obligado si en vez de poner trabas a la internacionalización del capital español se apuesta por el estímulo.

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