Llega el impuesto 'Cayenne'

La industria teme la penalización fiscal sobre las grandes cilindradas

Los planes del Gobierno para penalizar el uso de vehículos muy contaminantes, gran parte de ellos de gran cilindrada, han puesto en pie de guerra a los fabricantes de automóviles. Estos están disgustados con esta idea sugerida hace unos días por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y aún no definida por el Ejecutivo.

En el sector ya se habla coloquialmente de un impuesto Cayenne, en referencia al modelo de Porche, que combina gran cilindrada y buenas prestaciones. Curiosamente el Porche Cayenne no se encuentra entre los más vendidos en España, dado su elevado precio (entre 55.000 y 114.000 euros según el modelo) en relación con otras marcas, pero sí es uno de los más deseados. En España los todoterrenos más populares son los Suzukis y los Toyotas, de menor cilindrada y menor precio.

El presidente de Renault España y de la patronal de fabricantes, Juan Antonio Fernández de Sevilla, rechaza que se pretenda elevar la carga fiscal al automóvil, que 'ya está suficientemente penalizado'.

A su entender, estas medidas tendrían que adoptarse de 'forma homogénea' en toda la Unión Europea. Además, la hipotética subida 'debería ser lineal' con respecto a las emisiones de dióxido de carbono, es decir, que no se gravara más a los diésel o a los de gasolina.

No en vano, la federación europea de patronales de fabricantes de coches (Acea) se ha quejado de que la regulación prevista por la Comisión Europea (los reglamentos Euro 5 y Euro 6) va a perjudicar a los automóviles con motorización diésel, lo que podría encarecer su precio en 900 euros. Fernández de Sevilla acepta que 'exista correlación entre fiscalidad y emisiones contaminantes', ya que 'ligarlo parece lógico' pero reclama que se establezcan unas normas claras. 'El panorama que se nos presenta no es cómodo; llega una época complicada de profundos cambios, con una transformación del sistema industrial hacia modelos más eficientes'.

Acea, por su parte, se queja también del escaso éxito de los modelos menos contaminantes. Detrás de esta circunstancia se esconden 'cambios demográficos y otros factores sociales'. Y es que los compradores optan por 'vehículos más grandes, confortables y versátiles para hacer fácil los trayectos diarios', dejando en un segundo plano el factor medioambiental.

Los concesionarios españoles (Faconauto) abogan, por su parte, por una revisión global de toda la fiscalidad del automóvil si finalmente impera el criterio del Gobierno de modificar la tributación. La asociación señala que la fiscalidad española sobre el automóvil debe discurrir en línea con las propuestas de la Comisión Europa de dejar el IVA como único impuesto que grave la compra de los automóviles e imponer el uso que se realice del vehículo a través de los impuestos especiales sobre carburantes.

Bruselas, de hecho lleva ya varios años pretendiendo suprimir el impuesto de matriculación y ligar el 50% de las tasas del vehículo al impacto medioambiental.

El Gobierno tiene ahora varios caminos. Descartada la idea de crear un impuesto nuevo, según ha confirmado Ocaña, queda la vía de gravámenes especiales en el impuesto de matriculación aún vigente (tributo que está cedido a las comunidades y por el que recaudan 2.500 millones al año) o abrir mayores márgenes para que los municipios puedan fijar mayores coeficientes correctores en el impuesto de circulación.

El Ejecutivo está estudiando también lo que se reglamenta fuera de las fronteras. Ciudades, como Londres, tienen previsto penalizar el uso de todoterrenos o monovolúmenes. Su alcalde pretende que los residentes que tengan dos coches muy contaminantes pasen a pagar de 300 a 1.019 euros anuales. Los vehículos ecológicos, eléctricos o híbridos, quedarían exentos o sólo deberían abonar la mitad. Además, se pretende que los vehículos más contaminantes paguen 25 libras (37 euros) al día como peaje por circular por el centro de la ciudad.

Igualmente, en Roma, las autoridades italianas han impuesto una tasa del 1.000 euros anuales a los todoterreno que circulen por el centro histórico. En EE UU no se subirán los impuestos pero una nueva norma limitará a partir de 2011 el consumo de los vehículos de grandes dimensiones.