Adónde se dirigirá el gasto público
Año 2006. Uno de cada dos euros del Presupuesto del Estado consolidado se destina ya a gasto social. Año 2025, la partida ha crecido hasta el 85%. Esta previsión no va a estar nada alejada de la realidad a tenor de las tendencias actuales y de lo que vaticinan los principales analistas y servicios de estudios más prestigiosos. España se encamina a hacia una sociedad fuertemente envejecida, en la que el ratio de gasto público en pensiones crecerá exponencialmente. En la actualidad ya se alcanzan 82.000 millones anuales (el 8% del PIB). El objetivo del Gobierno a medio plazo debe ser descongestionar esta partida a través del fomento de planes de pensiones complementarios a la Seguridad Social, pero que sean de acceso generalizado por la población. Sólo así se tendrán garantizadas unas pensiones públicas dignas, empezando por las mínimas que ofrece el sistema.
Otro apartado al que deberá dedicarse especial atención, y que está ligado al anterior, es el de la dependencia o tratamiento de las personas que no pueden valerse por sí mismos para la vida diaria. El próximo año se destinarán 400 millones del Presupuesto estatal. Para 2015 están proyectadas ya unas necesidades de gasto mucho mayores, de 4.426 millones de euros anuales.
Es imprescindible que, cuanto antes, la Administración central y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo sobre el reparto financiero de esta nueva cobertura porque incidirá sobremanera en sus cuentas. De momento, el Gobierno ha dejado abierto este asunto, de forma que vaya tomando cuerpo durante desarrollo reglamentario de la ley, pero no debería dejar pasar mucho tiempo porque incidirá en la estructura de gasto de todas las Administraciones públicas.
El acceso generalizado a planes de pensiones daría margen para garantizar el futuro de la Seguridad Social
Política industrial y ayudas fiscales más claras reorientarían la inversión a actividades más productivas
Actualmente, la sanidad y la educación representan ya más del 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, un porcentaje que se elevará al asumir esta cobertura. Teniendo en cuenta que todos estos gastos tienen carácter de obligatorio es indispensable saber cuanto antes su cuantía para dejar hueco a los gastos discrecionales de cada Gobierno, tanto los autonómicos como el central.
Un asunto importante, ligado a lo anterior, que está cobrando fuerza en la Dirección General de Presupuestos es poder reorientar este gasto, relacionado con la dependencia, hacia actividades productivas. No se trata sólo de dar ayudas a los familiares que se encarguen de los dependientes, sino de impulsar un mercado como el de los centros de asistencia sanitaria a este tipo de pacientes. De momento, España cuenta con una red limitada de centros de tercera edad, cuyas tarifas no pueden ser pagadas por la mayoría de los contribuyentes. Invirtiendo en estos centros, se produciría un efecto multiplicador en cada euro que la Administración destine a dependencia.
La mejora de la eficiencia en el gasto es precisamente otro asunto relevante a destacar para los próximos años. La creación de agencias estatales encargadas de un análisis exhaustivo de las políticas de gasto debe permitir mejorar la utilización de muchas partidas. No se trata sólo de ejecutarlas conforme a lo previsto en el Presupuesto, sino de comprobar, a posteriori si han tenido su efecto. De nada sirve, por ejemplo, destinar millones de euros a la promoción de vivienda protegida si, transcurrido un plazo, en el mercado no se produce efectivamente una ampliación del número de inmuebles destinados a este fin. El análisis de las políticas de gasto es fundamental para mejorar la eficiencia de unos Presupuestos que cada vez tienen más parte destinada a gastos obligatorios (pago de pensiones y de la deuda, transferencias corrientes a otras Administraciones).
Otra cuestión relevante, que se ha puesto ya sobre la mesa por el sector financiero y hasta por el propio Ministerio de Hacienda, es el capítulo destinado a los beneficios fiscales. Para 2007, Hacienda ha presupuestado 51.700 millones de euros, un 7,8% más que para este año. Es imprescindible un estudio pormenorizado de cada una de estas partidas para no estar subvencionando actividades superfluas o que ocasionen sobrerreacciones en los mercados. El caso más relevante es el de la política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación, a la que el próximo año se destinarán 7.800 millones de euros, un 15% del presupuesto de beneficios fiscales para todo el ejercicio. Hay una mayoría de fiscalistas que alertan de que gran parte de estas deducciones acaban en las manos de los promotores, en vez de beneficiar al consumidor final, ya que la mayor renta disponible con que cuentan sirve, en realidad, para que los empresarios suban los precios de venta, porque saben que el contribuyente puede pagar la vivienda con la ayuda del Gobierno.
El Ejecutivo intentó con la reforma fiscal reorientar estas ayudas para que no fueran con carácter general y sí hacia ciertos colectivos más necesitados. Sin embargo, la difícil negociación política en un contexto de minoría parlamentaria, y la fuerte presión de muchos loobies profesionales con grandes intereses en juego, han conseguido que las ideas iniciales de Hacienda se queden a medio camino.
En este sentido va dirigida también la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y la ligada a una mejora del sistema educativo. Será sin duda una de las estrellas en el próximo decenio. Sólo así se podrá recortar la brecha tecnológica con la UE y con EE UU. Junto a ello se encuentra la política exterior. España tiene un serio problema de competitividad que sólo se resolverá si se destinan más recursos que los actuales a potenciar a las empresas para que den el salto a la internacionalización. Sin embargo, hay quien piensa, como los socios del Círculo de Empresarios, que en esta tarea se está perdiendo perspectiva, debido a la tendencia que tienen las comunidades autónomas a fomentar su propio tejido industrial (a través de ferias en el exterior...), en vez de aunar esfuerzos para incidir mejor, sobre todo, en mercados emergentes (China, Rusia, India...) de cuyo funcionamiento se tiene escaso conocimiento.
La política agrícola será otro punto a tener en cuenta. Dentro de muy pocos años España pasará a ser contribuyente neto a la UE. El Gobierno de turno deberá decidir si una parte creciente de su presupuesto nacional se sigue dedicando a dar subvenciones a mercados obsoletos o se apuesta por actividades emergentes que aporten eficiencia al campo, como el uso de biocarburantes o la industria agroalimentaria.
La ayuda al desarrollo, por último, cobrará más relevancia a medio plazo en el Presupuesto. La presión inmigratoria no se puede solucionar si no se ayuda a los países de origen a desarrollar sus economías. El Gobierno pretende ir elevando su aportación a esta partida hasta acercarse al 0,7% del PIB en la próxima legislatura. Pero es indispensable que esta ayuda creciente sea revisada a conciencia para no acabar fomentando actividades improductivas, una vez más, como ocurre con los créditos FAD.