Justicia

Anticorrupción pide 2 años cárcel para Villar Mir por el caso Recol

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de dos años de cárcel para el presidente del grupo constructor y de servicios OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el consejero delegado de Recol Networks, Ignacio Ozcariz, por delitos de "administración fraudulenta" al desviar presuntamente unos 1,5 millones de euros.

En el escrito de Anticorrupción, conocido hoy, se indica que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) -del que era presidente Villar Mir en el año 2000- realizó facturas a Recol por valor de 1,45 millones de euros que "no han sido debidamente justificadas" y de las que se deriva un delito de administración desleal.

Villar Mir ha manifestado "sorpresa" al conocer la noticia y ha manifestado en un comunicado que "las citadas facturas se refieren simplemente a servicios y productos, con aplicaciones informáticas y de Internet, necesarios para la gestión colegial, que el Colegio de Ingenieros de Caminos vendió a Recol a solicitud de esta entidad".

A su juicio, "los productos y servicios todos fueron efectivamente entregados y su precio fue considerado por ambas partes y por expertos independientes como precio de mercado en el momento de hacerse la transacción". Además, "los importes de la transacción están debidamente recogidos y auditados en las contabilidades de las dos instituciones, Colegio y Recol, desde el año 2001".

Fuentes cercanas a Villar Mir mostraron también su sorpresa por el escrito de calificación de Anticorrupción, cuando todavía está recurrido un auto anterior del juez Garzón, y reiteraron que el presidente de OHL no "ha recibido ni una peseta" por estas operaciones.

Además de pedir penas de dos años y diez meses de prisión para Villar Mir y Ozcariz, también administrador de Alkhaid y miembro del patronato de la Fundación Recol, la Fiscalía Anticorrupción demanda una indemnización para Recol Networks de 1,5 millones de euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

De los tres directivos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el fiscal reclama el sobreseimiento para Carlos de Andrés Ruiz, ex consejero de la compañía para la que hizo un plan de reflotamiento en 2001.

Caso Recol

El caso Recol arranca de una demanda presentada en 2000 por un grupo de accionistas contra diez gestores de Recol -entre los que se encontraba Villar Mir-, a los que acusaban de haber hecho uso ilegal de fondos de la sociedad y de estafa, al utilizar como presunta cobertura una oferta pública de suscripción lanzada en esas fechas para captar fondos.

Recol Networks, una plataforma proveedora de contenido y servicios para comunidades de profesionales en Internet, inició hace seis años una Oferta Pública de Suscripción (OPS) para dar entrada en su capital a profesionales.

Al final, consiguió 8.000 accionistas y 29 millones de euros

(4.846 millones de pesetas), que suponían el 30% del capital social de la compañía, completado además por Alkhaid y Catalana de Iniciativas (con el 16% del capital cada una), la Fundación Recol (7%), los colegios profesionales (5%) y consejeros y ejecutivos (24%).

Según el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que admitió a trámite la querella en 2002, a finales del 2000 "se había gastado la totalidad del dinero invertido por los accionistas, en buena medida mediante la facturación de servicios inexistentes realizada por empresas vinculadas a consejeros y directivos de la sociedad".

Entre ellos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), que facturó a Recol por importe, exactamente, del 50% de la cantidad a pagar por la suscripción que solicitó dentro de la ops (242 millones de pesetas, unos 1,45 millones de euros).

Justificación de gastos

La justificación se desglosaba entre el "software" de gestión colegial (por 167 millones de pesetas), otras facturas relativas al "modelo de financiación" (por 45 millones de pesetas) y otra factura relacionada con "un servicio de documentación en el área de ingeniería civil" (por 30 millones de pesetas), ninguna de las cuales "ha quedado debidamente justificada", según el auto de Garzón.

El juez considera además que "es razonable dudar por completo de los informes presentados" por Villar Mir para "tratar de explicar tan importante drenaje de dinero" desde Recol hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En la querella inicial del año 2000, un grupo de tres accionistas demandó a Lord Tristán Garel-Jones, Ignacio Oscariz Arraiza, Miguel Ángel Rubio, Martín Brau, Francisco Javier Baviano Hernández, Carlos de Andrés Ruiz, don José Enrique Hours, Juan Miguel Villar Mir, Manuel de la Rica Pascual y Francesc Raventos, todos ellos consejeros de la mercantil Recol Networks, durante diferentes periodos.

Según los primeros demandantes, Villar-Mir y los otros nueve consejeros, acusados por la querella de estafa y administración desleal, aprovecharon "una coyuntura bursátil muy favorable a las empresas de nuevas tecnologías para sacar una oferta de adquisición de acciones restringida solo a Colegiados y recaudar así casi 30 millones de euros de pequeños inversores, de los cuales sólo una sexta parte correspondía a acciones".