El FMI aprueba por amplia mayoría un nuevo reparto de poder interno más equitativo
Los países miembros del Fondo Monetario Internacional dieron ayer el primer paso para la mayor reforma en la historia del organismo al apoyar con un 90,6% de los votos la redistribución del poder en su seno.
Modificar el nivel de influencia de los países en cualquier organización internacional es muy difícil por los intereses creados, pero el director del FMI, Rodrigo Rato, logró el respaldo necesario para cambiar una organización cuya estructura de poder responde al mundo de 1944, cuando se fundó. La resolución requería el 85 % del voto y recibió el apoyo de Estados Unidos y el más renuente de algunos países pequeños europeos, como Bélgica y Holanda, que podrían salir perdiendo. El objetivo de la reforma es reconocer el aumento del peso de las economías emergentes en la economía mundial con un incremento de su representación en el Fondo, según dirá Rato hoy a sus miembros en la Asamblea Anual.
El reparto del poder en el FMI se ha quedado congelado en el pasado y mantiene anomalías como que Bélgica tenga más voto que India, a pesar de que su PIB es la mitad y que Holanda cuente más que Brasil y Sudáfrica juntos, pese a que su economía también es menor.
Pero paradójicamente, India y Brasil son algunos de los países que se han opuesto al proyecto, pues consideran que los términos de la reforma les perjudican.
Además, votaron en contra Egipto y Venezuela. Fuentes gubernamentales revelaron que la mayoría de los países del Cono Sur de América y un grupo de naciones pequeñas de Oriente Medio y el Sur de Asia también lo rechazaron.
La resolución significó ayer una subida inmediata pero pequeña de las cuotas de México, Corea del Sur, China y Turquía, que son los países más infrarrepresentados en relación al peso de sus economías en el mundo, y que se ha compensado con una pequeña caída del voto del resto de los países miembros.
Por su parte, el presidente del Banco Mundial (BM), Paul Wolfowitz, logró ayer en Singapur el respaldo que buscaba para su plan anticorrupción. Con la iniciativa, se pretende luchar de forma más eficaz contra la corrupción en los países en los que concede préstamos, al impulsar programas para identificar y luchar contra posibles irregularidades.