Sector financiero sin vetos locales
Las operaciones transfronterizas representan el 45% del valor de las fusiones y adquisiciones que se llevan a cabo en la UE. Pero esa proporción cae al 20% cuando se analiza exclusivamente el sector financiero. La preocupante diferencia revela la lentitud de los mercados financieros en alcanzar la dimensión continental acorde con la moneda que comparten.
Bruselas inició hace dos años la encomiable tarea de identificar las barreras políticas, legales y fiscales que disuaden o, en el peor de los casos, impiden que bancos y aseguradoras emulen a los sectores que han avanzado en su consolidación (como automóvil, distribución o telefonía). Fruto de ese proceso, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, presentó ayer su primera iniciativa para atajar las injerencias políticas en el sector, una lacra que las entidades han identificado como principal causa de su renuencia a embarcarse en proyectos transfronterizos. Las entidades españolas, sin ir más lejos, han sufrido en varios países (Portugal, Francia o, el más reciente, Italia) injustificadas objeciones de unas autoridades que se han negado a permitirles la entrada en sus mercados.
McCreevy propone acotar de manera precisa el calendario de revisión de las fusiones por los reguladores nacionales del banco objeto de una oferta de compra, que sólo dispondrán de 30 días hábiles (frente a los actuales tres meses) para plantear reparos a una fusión. La Comisión también desea imponer cinco criterios con los que contrastar la verosimilitud de esas objeciones. Bruselas sólo aceptará el veto si se basa en la mala reputación del banco ofertante o de sus directivos; en su escasa solvencia; en que incumpla las directivas comunitarias, o en una falta de controles sobre el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
Los cambios deben aumentar la seguridad jurídica del sector y facilitar las operaciones de integración de los mercados. Sería conveniente, sin embargo, que durante el proceso legislativo que se inicia se concretasen de manera precisa los criterios para que conceptos tan difusos como la 'reputación' no se conviertan en nueva coartada para los Gobiernos proteccionistas.