Sentencia

Las Haciendas forales ganan apoyo en el Tribunal de la UE

Las patronales y las instituciones de Euskadi recibieron con satisfacción la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la fiscalidad de las islas Azores. Desde diferentes ámbitos se ha interpretado como un respaldo a la capacidad fiscal de la autonomía para fijar tipos impositivos distintos a los del territorio común.

La sentencia de la máxima instancia judicial de la Unión Europea (UE) se refería al sistema fiscal de las Islas Azores, pero está argumentada en el ejemplo vasco. En su exposición reconoce la capacidad de Euskadi para legislar sus tributos al cumplir los tres requisitos de autonomía real en las áreas institucional, económica y normativa.

Todo el mundo aplaudió ayer en Euskadi la sentencia. La patronal vasca Confebask la valoró 'muy positivamente', puesto que en su opinión significa que el derecho comunitario da 'plena cobertura legal' a la capacidad normativa del País Vasco. Las decisiones sobre los impuestos vascos, que en Euskadi son regulados por las haciendas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, han acabado a menudo en los tribunales, sobre todo el tipo de sociedades. De hecho, este impuesto está suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo, por considerarlo como ayuda de Estado, de acuerdo a la doctrina de la propia Unión Europea.

Judicialización

El diputado general de Vizcaya califica la jornada como 'un buen día para el autogobierno vasco'

Esa alta instancia judicial española suspendió en diciembre de 2004 el tipo vasco del 32,5%, inferior en dos puntos y medio al del territorio común. Las tres diputaciones de Euskadi pactaron al cierre del ejercicio fiscal de 2005 un nuevo impuesto, en este caso del 32,6%, que también fue suspendido por el Tribunal Supremo, en mayo de este año, pero que permitió aplicar en la liquidación del ejercicio de 2005.

Según Confebask, la sentencia de la UE desautoriza los criterios del Tribunal Supremo, a la vez que abre una nueva vía de recurso contra sus decisiones. Otros foros, como el del Círculo de Empresarios Vascos, incidió en que la sentencia de Luxemburgo crea una jurisprudencia que 'puede ser positiva para el País Vasco desde el punto de vista jurídico'. Desde el Ejecutivo de Vitoria, se confía en que el día de ayer suponga el fin de la judicialización del sistema fiscal vasco, una opinión compartida en este ocasión por el PP vasco.

La satisfacción era más evidente en los entes forales, que regulan los tributos en Euskadi. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, calificó la jornada de 'un buen día para el autogobierno vasco'. Bilbao no se olvidó de las autonomías más críticas con el sistema fiscal vasco (La Rioja, z y Castilla y León) a las que recomendó 'que cambien el chip', en relación a sus denuncias sobre los privilegios fiscales vascos.

Bilbao añadió que desde las diputaciones 'seguiremos haciendo lo mismo que hasta ahora, pero con mayor tranquilidad'. Los tres entes forales tienen pendiente fijar el nuevo impuesto de sociedades, así como las reformas del IRPF para el presente ejercicio fiscal.

La Diputación de Álava, gobernada por el PP, declaró su satisfacción por la sentencia comunitaria porque 'avala la existencia de autonomías fiscales dentro de un país'.

Desde Navarra declararon a este diario que estaban estudiando la sentencia.

Tres condiciones para librarse de Bruselas

La sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo fijó ayer por primera vez los criterios que debe cumplir un régimen fiscal autonómico para librarse del escrutinio de las autoridades comunitarias. El juicio había disparado las alarmas en los países de la UE que reconocen la autonomía fiscal a una o varias de sus regiones. Expertos en derecho de la competencia advirtieron que el fallo podría permitir a la Comisión Europea atacar la legalidad de esos regímenes fiscales.

España y Reino Unido llegaron a personarse en el juicio para combatir las tesis de la CE. Bruselas ha ganado el caso principal, que versaba sobre la legalidad del régimen fiscal del archipiélago portugués de las Azores. Pero aunque los jueces han confirmado la incompatibilidad de ese sistema con la normativa comunitaria, han matizado considerablemente las aspiraciones de la Comisión a cuestionar la legalidad de otros regímenes regionales.

Los jueces establecen tres criterios que permitirán a un régimen fiscal escapar al control comunitario:

l La autoridad regional que adopta su propio régimen fiscal deberá disfrutar de una autonomía política y administrativa en relación con el Gobierno central.

l Deberá tener la potestad de adoptar medidas fiscales sin que el Gobierno central intervenga directamente.

l Por último, las instituciones regionales deberán asumir completamente las consecuencias financieras y políticas de la modificación del gravamen en el impuesto de sociedades que apliquen a las empresas radicadas en su territorio

La estructura fiscal del País Vasco y de Navarra parece cumplir esas tres condiciones. Pero los expertos apuntan, sobre todo, que el Tribunal ha suprimido una cuarta condición que el ponente del juicio pretendía incluir y que el País Vasco y Navarra no hubieran podido respetar: 'La decisión de reducir el impuesto de sociedades ha de ser adoptada por la autoridad local (...) sin ninguna obligación por su parte de tener en cuenta el interés nacional al fijar el tipo impositivo', reclamaba el ponente. Los jueces no han recogido esa premisa que, según apuntan los especialistas, hubiera sido incompatible con la exigencia de solidaridad interterritorial que establece la Constitución española.