TRIBUNA

Las rebajas en la obra pública

Las rebajas en las ofertas de contratación en el sector público llegan a ser temerarias y, según el autor, no se trata de casos aislados, sino que se producen de manera creciente. En su opinión, la nueva normativa que prepara el Gobierno debe contemplar este grave problema, que puede afectar a la calidad de las obras. Para ello propone diversas soluciones.

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público se ha dado el primer paso para la llegada de una nueva ley que, a priori, nos da esperanzas ante los problemas que ahora atraviesa el sector público.

El más importante de todos, o el que más preocupa actualmente a las empresas de ingeniería y consultoría, es el de las bajas en las ofertas de contratación del sector público. Si al presupuesto inicial de esas ofertas -presupuesto que se considera objetivo y justo- las empresas le hacen rebajas, ese dinero, que teóricamente se ahorra, puede llegar a suponer un descenso de calidad y trabajo que se tiene que notar en el resultado final de la obra.

Las bajas en estas ofertas están llegando con frecuencia hasta el 40%. Pero no es el caso de una oferta aislada el que pone en peligro la calidad de un proyecto, sino que, casi por norma, todas las ofertas hacen descuentos enormes, lo que provoca que la baja media supere a menudo los 30 puntos. Lo más preocupante dentro de la gravedad es que es un problema creciente. Las bajas no remiten, sino que aumentan año a año, sin que se reconozca dónde puede estar el límite. Ninguna empresa quiere ser la primera en quedarse sin trabajo.

¿Cómo puede un trabajo hacerse por un 30% menos de dinero del inicialmente previsto?

¿Cómo puede una obra hacerse por un 30% menos de dinero del inicialmente previsto? æpermil;sta es una pregunta con difícil respuesta. Tal vez, a posteriori, se revisen los presupuestos y no quede más remedio que aumentar la inversión. O, tal vez, las empresas sacrifican la calidad y la mano de obra técnicamente cualificada con el objetivo de conseguir la adjudicación, ya que los criterios económicos priman sobre los técnicos. En el caso de la ingeniería y consultoría, hablamos de servicios intelectuales, y está claro que estos no pueden someterse a subasta.

La solución tampoco está clara, pero hay vías posibles. Si en los pliegos de las ofertas se diera más importancia de la que ahora tiene a las consideraciones técnicas y menos a las económicas, la situación actual empezaría a corregirse, ya que las empresas que concursan no estarían solo pendientes de disminuir costes, sino también de ofrecer calidad y garantías.

También cabe la posibilidad de establecer una desviación máxima con respecto a la baja media, lo que supondría que esas empresas que ofertaran tan por debajo de la media quedaran excluidas del concurso. Y, de manera más radical, se podría incluso establecer un límite de desviación respecto al presupuesto inicial, manteniendo en ese corte un criterio mínimo de calidad.

Otra de las alternativas que planteamos para corregir este asunto es el restablecimiento de la clasificación de empresas combinándolo con el sistema de procedimiento restringido. Esto supondría que sólo las empresas previamente cualificadas podrían acceder al concurso de obras que requieran un alto nivel de capacidad técnica y económica, lo que, a priori, garantiza unos estándares de calidad.

Y no hay que olvidar las consecuencias de una problemática como ésta. Ante los constantes ajustes económicos que rigen los concursos ahora, las empresas pueden perder la conciencia que identifica al sector de la ingeniería, y que es la del progreso técnico mediante la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Por todas estas causas, proponemos soluciones y alternativas aplicables a la situación real, y que, en un principio, no están incluidas en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Se puede perder la oportunidad para regular esta cuestión y, por ende, contribuir a normalizar el mercado de la ingeniería, que es el primer y también decisivo paso para disponer de más infraestructuras con la calidad y con el precio adecuados en el menor plazo posible.