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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un retraso inexplicable

La puesta en marcha de las oficinas de señalamiento inmediato fue recibida hace tres años como una buena iniciativa. Entre otras cosas, iba a permitir la agilización en los juzgados de las denuncias por impago de los alquileres. Basadas en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2003, que a su vez mejoraba las deficiencias de la norma de 2001, su resultado final debían ser los conocidos como desahucios exprés que, mediante juicios rápidos, pretendían favorecer el anquilosado mercado de alquiler de vivienda en España. Pero la realidad es que nada se ha avanzado desde entonces.

El Banco de España, que ya había denunciado las carencias de la normativa de 2001 y fue el motor del cambio en la ley, sigue sosteniendo que uno de los factores que explican la estrechez del mercado de alquiler es la escasa operatividad de los mecanismos de defensa de los propietarios de viviendas ante los impagos, 'debido a que los procesos judiciales son muy largos'. Una inseguridad que, según el organismo supervisor, contrae la oferta. Hasta el extremo de que el mercado de alquiler no llega a superar el 11% del parque de viviendas.

Es obvio que una de las salidas al recalentado mercado inmobiliario es el alquiler. Y también que esa es la gran asignatura pendiente. Pero si iniciativas legales en principio positivas para activar el mercado, como la de los desahucios exprés, no pasan del papel a la realidad el trabajo será inútil. Es inexplicable que, después de tres años desde su puesta en marcha, se puedan contar con los dedos de una mano las oficinas de señalamiento que se han creado. Menos explicable es aún que éstas hayan funcionado sólo en periodo de prueba y para recabar datos estadísticos. Después de esto, la nada: ni se han creado más oficinas ni las existentes han funcionado normalmente. El Ministerio de Justicia coloca la pelota en el alero del Consejo General del Poder Judicial, y este organismo reconoce la tardanza y promete novedades en septiembre. Es un retraso tan poco justificable como urgente es la necesidad de encontrar soluciones al problema de la vivienda.

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