Telecinco provisiona 18 millones por el 'caso Berlusconi'
La Audiencia Nacional reanudará en septiembre el juicio por delito fiscal contra el ex presidente de Telecinco y ex director de la ONCE, Miguel Durán, y otros antiguos accionistas. Entre los acusados está Silvio Berlusconi (en la actualidad propietario del 50,13% del canal), si bien su proceso está suspendido. Telecinco ha provisionado 18 millones de euros y prevé que la posible multa no exceda esa cifra, aunque el auto judicial fijó que el grupo tendría que responder supuestamente de 72 millones.
Telecinco se desvincula totalmente del caso que acusa a su primer accionista, los ex socios del grupo y el antiguo equipo gestor de un supuesto delito societario y contra la Hacienda Pública cometido presuntamente entre los años 1990 y 1996, antes de la entrada, en 2002, de Vocento en el capital, del que hoy controla el 13%.
La cadena asegura que está protegida contra cualquier circunstancia que pudiera derivarse: tiene depositado un aval judicial, ya provisionado según fuentes de la empresa, por 18 millones de euros, conforme al informe de auditoría de la cadena de televisión. Tanto los asesores legales como los administradores del grupo entienden que los procedimientos abiertos 'no producirán un efecto significativo adicional en las cuentas anuales en los ejercicios en los que finalicen'.
Telecinco explica en su informe anual que los avales judiciales corresponden por un lado 'a las responsabilidades judiciales que pudieran derivarse de las actuaciones procesales iniciadas como consecuencia del auto de fecha 1 de junio de 1998'. Además de los 18 millones por el caso de fraude fiscal, tiene un aval de otros 17 millones para litigios con entidades de gestión de derechos. Con respecto al proceso por irregularidad impositiva, la sociedad no estima 'que puedan derivarse pasivos contingentes adicionales significativos para la sociedad dominante'.
En el auto de 1998, el juez Baltasar Garzón impuso fianzas a 17 acusados individuales y 12 sociedades en concepto de responsabilidad civil por 'las cantidades supuestamente defraudadas' por delitos fiscales que entonces sumaban 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros).
En el escrito que Telecinco cita en sus cuentas, Garzón exigió para Gestevisión Telecinco una fianza de 7.500 millones de pesetas (45 millones de euros, exactamente igual a la de su máximo accionista, Silvio Berlusconi); para Publiespaña (filial de publicidad de la cadena, hoy integrada en el grupo), otra de 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros), correspondientes a 'las cuotas defraudadas y las multas que acompañan'. Para Silvio Berlusconi, con Giorgio Vanoni, Alfredo Messina, Marcelo Dell'Utril y Giovani Acampora estableció una fianza de 7.500 millones de pesetas (45 millones de euros), cantidad de la que supuestamente tendrían que responder. Gestevisión Telecinco aparece en el auto entre los responsables civiles, y también se le ofrece participar como perjudicado.
Pieza separada
Si bien Berlusconi -que actualmente controla de forma indirecta el 50,13% de Telecinco a través de Mediaset- es uno de los imputados, el proceso contra el ex primer ministro italiano, que se desarrolla en una pieza separada, está paralizado por la inmunidad de la que gozaba cuando era jefe del Ejecutivo. En los últimos meses, sin embargo, las circunstancias han cambiado. En abril, Berlusconi dejó su cargo tras perder las elecciones que dieron la victoria a la coalición de centro-izquierda encabezada por Romano Prodi.
Además de Berlusconi, otros imputados son Miguel Durán, ex presidente de Telecinco y ex director general de la ONCE, así como otros ex accionistas de la cadena de televisión (entre ellos, Santiago Muñoz Machado, Ángel Medrano Cuesta, Rafael Álvarez-Buiza Diego, Javier de la Rosa, Alfredo Messina y Juan Carlos López-Gil). En los delitos fiscales a los administradores, la empresa se considera 'responsable civil subsidiaria'.
El 5 de septiembre se reanuda la vista oral
La presidenta del tribunal que juzga el conocido como caso Telecinco señaló hace unas semanas que la vista oral comenzara de nuevo el 5 de septiembre y, previsiblemente, los acusados comenzarán a realizar sus declaraciones un día después. Anticorrupción pide 14 años de cárcel y multas de 103 millones de euros para el ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, Miguel Durán, mientras los otros siete ex accionistas se enfrentan a penas de entre uno y 10 años de prisión, según Europa Press.Las defensas de los encausados habían solicitado la suspensión del proceso por la ausencia de Silvio Berlusconi del banquillo de los acusados, para el que se sigue una pieza separada, actualmente paralizada. En 2001, el juez Baltasar Garzón decidió suspender el procedimiento contra el entonces primer ministro italiano y continuar contra los demás implicados, medida confirmada dos años después por la Audiencia Nacional, mientras Berlusconi siguiera al frente del Ejecutivo italiano y gozara, por ello, de inmunidad.La fiscal Anticorrupción Pilar Melero se opuso a la suspensión de la vista oral por la ausencia de Berlusconi al considerar que podía dar lugar a 'dilaciones indebidas' y al considerar que no tendría sentido suspender el juicio porque Berlusconi 'podría adquirir una nueva situación de inmunidad'. También rechazó la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, porque los hechos constituyeron 'un grave perjuicio a la economía nacional por la cuantía defraudada' y causaron 'importantes daños a los intereses generales porque la televisión es un servicio público'. La Audiencia rechazó el pasado 10 de julio todas las cuestiones previas planteadas por las defensas.