Prejubilación pública
El Estatuto de la Función Pública que aprobó el Consejo de Ministros el viernes reconoce, aunque sea con un carácter de excepcionalidad, el derecho a la prejubilación de los funcionarios. Vieja promesa del ministro Jordi Sevilla, el retiro anticipado y remunerado de los funcionarios había encontrado la oposición de los responsables de Hacienda, que consideran muy caro acoger a cargo de las arcas de las clases pasivas a un numeroso colectivo de trabajadores, mientras se cuestiona y critica tal práctica en las empresas privadas.
La norma pretende, además, profesionalizar la función pública, con valoraciones exactas del desempeño de sus trabajadores, y con un sistema de correcciones en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales. Ahora el Estatuto debe aplicarse en toda su extensión, y no permitir que se convierta en un instrumento de influencia sindical en la función pública.