El Gobierno reconoce por ley a los funcionarios el derecho a jubilarse anticipadamente
El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que reconoce el derecho de los funcionarios a jubilarse anticipadamente. La norma dice también que los empleados públicos podrán perder su puesto -no su condición de funcionarios- si no hacen bien su trabajo.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley por el que se creará el Estatuto de la Función Pública (un texto similar al del Estatuto de los Trabajadores pero para los 2,5 millones de empleados públicos), y lo remitió al Parlamento, donde los grupos podrán modificarlo.
La principal novedad introducida por el Ejecutivo, que no estaba en el texto del último borrador, está contenida en el artículo 67 donde se admite que los funcionarios podrán jubilarse anticipadamente, pero se hace hincapié en que esta fórmula de retiro será excepcional. 'Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer recursos excepcionales de jubilación anticipada', dice texto.
Sin embargo, esto no quiere decir que el Gobierno vaya a llevar a cabo el proyecto que anunció hace un año el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para prejubilar a 25.000 empleados públicos de la Administración Central de entre 58 y 64 años. Aquel anuncio nunca llegó a materializarse porque tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo se opusieron por su elevado coste y por ir en contra del principio de prolongar la vida laboral, que defiende el Gobierno.
No obstante, recoger esta posibilidad es un primer paso; y Sevilla, preguntado el viernes por este proyecto abortado, se limitó a asegurar que 'el que la sigue la consigue'. El ministro también precisó que el Estatuto recoge la posibilidad de abrir una negociación con los sindicatos para estudiar la viabilidad de la jubilación parcial en las Administraciones.
Las otras grandes novedades del Estatuto tienen que ver con un nuevo modelo de acceso y promoción profesional, más ligada al rendimiento. Así, se crearán unos sistemas de evaluación del despeño, que podrán llevar acarreados la pérdida del puesto de trabajo -no de la condición de funcionario- si el empleado público no hace bien su actividad. Esto supondrá el traslado del trabajador a otro puesto funcional o geográfico.
'El mérito y la capacidad no sólo serán criterios de entrada al sector público sino para hacer carrera profesional', dijo Sevilla.
Para dar más peso a las retribuciones ligadas a objetivos e introducir criterios de gestión propios de la empresa privada se creará la figura del personal directivo. Se trata de un nuevo cargo que se ocupará de los resultados de la gestión. Además habrá nuevas normas en la selección del personal, en la que contarán el currículo, las pruebas psicotécnicas o las entrevistas personales y se elaborará un código de conducta. Con ello, se fijan las normas mínimas y homogéneas para todos los empleados públicos, pero las administraciones autonómicas y locales podrán desarrollar la normativa. Sevilla precisó que cuenta ya con el apoyo explícito del PSOE, ERC, CiU, PNV, IU y Coalición Canaria para sacar adelante la ley en el Parlamento, y añadió que podrá estar en vigor a mediados del año próximo.
La nueva norma de contratos públicos reducirá costes
Las empresas tendrán una nueva Ley de Contratos del Sector público el próximo año. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el texto normativo que el Gobierno enviará ahora al Parlamento y que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre de 2007. La futura ley incluye:Se suprimen barreras de entrada y se reducen los costes para los licitadores. Así, deja de ser preceptiva la garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación. La presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores. Se facilitará el acceso electrónico a la documentación, pliegos y proyectos.Procedimientos más flexibles con un nuevo contrato típico, de colaboración público-privada que permita el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.Nuevos criterios en las condiciones de ejecución del contrato. Así se primará a las empresas que contribuyan a reducir el paro, eliminar desigualdades , facilitar la formación en el centro de trabajo o acreditar sellos medioambientales de calidad.