Fomento duplicará su plusvalía en la Operación Chamartín

El Ministerio de Fomento quiere desbloquear uno de los mayores proyectos urbanísticos de Europa. Está negociando con la empresa que explota los derechos de suelo de la Operación Chamartín, Duch, para lograr, entre otros puntos, que las plusvalías del Estado se dupliquen hasta 1.000 millones. Al tiempo, la intención es aumentar las viviendas sociales, lo que reduce la posibilidad de que las cuentas salgan para lograr más plusvalías, apuntan fuentes conocedoras del proyecto.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, explicará en breve en una comparecencia pública que hay avances en la largo tiempo olvidada Operación Chamartín. Así lo anunciaron ayer los portavoces del PSOE en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Rafael Simancas y Trinidad Jiménez, tras su reunión con Álvarez en el ministerio, en la que le pidieron un impulso para la mayor operación urbanística de la capital española. Detallaron, además, que la ministra 'está negociando' con Duch y estas conversaciones 'están avanzando'.

En su día, Renfe cedió a Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch) la gestión de los derechos del suelo en esta operación a cambio de una parte del beneficio. Las plusvalías benefician, por tanto, al Estado, al BBVA, con el 72,5% de esta gestora, y a la constructora San José, con el 27,5%. Ninguna de las partes quiso hacer ayer comentarios sobre las negociaciones.

Con la revisión de la operación, el PSOE anuncia cambios. Con el Gobierno anterior, 'no había garantías' del 'monto de las plusvalías', según Simancas, ni de 'que se reinvirtieran en infraestructuras' para Madrid ni de que 'hubiera vivienda protegida' en los 3,12 millones de metros cuadrados que tiene el proyecto. Con la renegociación, se pueden 'duplicar' las plusvalías para que el beneficio de la Administración del Estado suba de 500 a 1.000 millones.

La Operación Chamartín, que está a punto de cumplir 13 años sin ningún avance, cambiará toda la zona norte de la capital. Supone enterrar la actual estación ferroviaria de Chamartín y cambiar su uso urbanístico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas.

En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante, la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación. De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas -como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte- y el resto está en manos de particulares.

La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid. Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona.

Ayer, Simancas y Jiménez no hablaron de la edificabilidad pero sí de aumentar el peso de la vivienda social en la zona. La portavoz municipal apuntó a 'al menos 2.000' pisos protegidos.

El mayor número de inmuebles de protección no casa con el aumento de las plusvalías y la rentabilidad del proyecto, apuntaron ayer diversas fuentes afectadas por la operación. 'Las cuentas pueden no salirle a la ministra', según fuentes próximas al Ayuntamiento. En el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no conocen el nuevo proyecto de Fomento. Tras los sucesivos parones de la negociación, correspondía ahora a Fomento poner sobre la mesa un proyecto. Tampoco lo conocen en la Comunidad de Madrid, como afirmó ayer el vicepresidente, Ignacio González, informa Europa Press.

El desbloqueo de la operación que apuntó ayer el PSOE depende de las negociaciones pero la idea es que las 'obras principales' estén terminadas 'en la próxima legislatura autónoma', señaló Simancas. Si bien, para el total desbloqueo hace falta lograr el apoyo del Gobierno de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento, ambos del PP y poco dispuestos a firmar un acuerdo.

Otras infraestructuras a cargo de las ganancias extra

La idea inicial era que las plusvalías logradas por el Estado con los terrenos del Adif en Chamartín sirvieran para costear las infraestructuras en la zona, como el soterramiento de la estación de tren, la prolongación del paseo de la Castellana y los diversos nudos de acceso. Ayer, el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, habló de otras que hasta ahora no estaban sobre la mesa, según fuentes conocedoras del proyecto. Citó la línea de cercanías a la nueva terminal de Barajas y el túnel de AVE entre Chamartín y la estación de Atocha. Según el planteamiento inicial, el consorcio formado por Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se haría cargo de la inversión a partes iguales, que es la piedra de toque de la negociación entre PP y PSOE.