TRIBUNA

El error de reducir las auditorías

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 5 de mayo en relación a proponer la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, en el sentido de incrementar los límites establecidos para la obligación de auditar sus cuentas anuales, supondrá en la práctica la disminución de 4.775 empresas de las que actualmente estaban obligadas a auditarse, basándose en la finalidad de 'reducir los costes de las empresas españolas'. Este hecho provoca estupefacción y sorpresa por el alejamiento que supone de las necesidades reales de nuestra pequeña y mediana empresa y de los mercados y entorno en el que actúan.

Aun a riesgo de que nuestra opinión sea interpretada como una motivación puramente interesada por la posible pérdida de mercado que la medida puede conllevar, como profesionales conocedores de la realidad empresarial española y porque creemos en la necesidad de transparencia y fiabilidad en beneficio de todos los agentes, ofrecemos nuestras reflexiones para demostrar que no van por ahí los tiros, y que el Gobierno se equivoca si cree que va a conseguir favorecer la competitividad de nuestras empresas a costa de perder transparencia y fiabilidad.

Asociar la auditoría solamente al concepto de coste podría ser comprensible como punto de vista, a mi juicio equivocado, de aquel empresario en el que coinciden las figuras de titular del capital y máximo responsable de la gestión, y que bastante trabajo tiene en producir o prestar un servicio, que el mercado se lo adquiera y que consiga cobrarlo para que, encima, aparezcan unos profesionales que sobre la base de unos principios contables generalmente admitidos cuestionen las cifras que presenta y le recomienden mejoras en su sistema de control. Pero no consigo entender cómo desde el liderazgo de la economía de un país se puede juzgar esta función únicamente en términos cuantitativos.

Es fácilmente constatable que la medida de los beneficios de la auditoría para las empresas, sus accionistas, los terceros interesados y el personal va mucho más allá que la mera representación cuantitativa y no es en modo alguno aceptable el argumento de que el coste de la auditoría en nuestro país sea un factor crucial para la competitividad de nuestras empresas. Del análisis de cuentas anuales auditadas y publicadas en los registros mercantiles se puede fácilmente evidenciar cómo los honorarios de las auditorías de empresas con ingresos anuales entre tres y nueve millones de euros raramente superan el 0,2% de esos ingresos, porcentaje que en otros países de la Europa desarrollada puede fácilmente doblarse.

Más allá de ese enfoque cuantitativo no deberían olvidarse otros aspectos, ya que tanto para las propias empresas como para la comunidad en general los beneficios que aportan las auditorías son superiores a sus costes. Desde la trascendental reforma mercantil de inicio de los noventa la auditoría ha contribuido a la mejora de la calidad de la información financiera de nuestras empresas, siendo indiscutibles los beneficios que ha aportado para la mejora de la fiabilidad de la información y de seguridad y eficiencia en los mercados. Como elementos favorables cabe destacar, asimismo, que aunque no siempre los controles diseñados detectan las disfunciones e irregularidades que puedan surgir, su existencia y verificación puede contribuir a desincentivar el fraude. Por otra parte, una verificación externa de los sistemas y procedimientos de las empresas efectuada por profesionales independientes y ajenos a la gestión diaria de la empresa, como los auditores, puede aportar más eficiencia a la propia gestión interna.

Sorprende que una primera respuesta a la reflexión abierta por los colectivos profesionales y otras instituciones de interés público sobre la necesidad de que el propio sector público asuma para sí el rigor y transparencia exigidos a las empresas privadas proponga ahora aligerar de transparencia y fiabilidad a la información de éstas. Se olvida, además, la ayuda indirecta que la auditoría ha supuesto para el cumplimiento de la prolija normativa que la propia Administración, sin tener en este caso demasiado en cuenta el factor competitividad, ha ido adoptando, como por ejemplo en la prevención de riesgos laborales, cumplimiento medioambiental, buen gobierno y protección de datos, entre otros temas.