Vivienda

Las comunidades aprueban 1,5 millones de viviendas en la costa en sólo un año

El perfil del litoral continúa desdibujándose. Las comunidades han aprobado en los últimos 12 meses la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas en la costa, cifra que duplica las autorizadas en el periodo anterior, según denunció ayer Greenpeace. Valencia y Andalucía se sitúan a la cabeza.

La saturación urbanística de los 8.000 kilómetros de costa española parece no tener fin. Según denunció ayer la organización ecologista Greenpeace, las comunidades autónomas con costa aprobaron cerca de 1,5 millones de nuevas viviendas en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2005 y el 31 de mayo de 2006. La cifra supone duplicar el número de residencias autorizadas en el los doce meses anteriores, según dio a conocer el colectivo en su informe anual Destrucción a toda costa.

La organización ecologista denuncia que la costa española se aleja a pasos agigantados de un desarrollo sostenible que haga compatible el desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente. El estudio de Greenpeace suspende a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. En cada una de estas autonomías se superaron las 300.000 viviendas autorizadas. En Murcia, según denuncia Greenpeace, se están 'agrediendo espacios naturales y autorizando todo tipo de construcciones'.

Mejor nota reciben Cataluña y País Vasco, que han aprobado medidas en los últimos meses para preservar su litoral. En concreto, Cataluña aprobó en 2005 dos planes directores urbanísticos con el objetivo de proteger aquellas zonas del territorio situadas a 500 metros lineales de la costa que continúan sin urbanizar, lo que ha permitido que 24.000 hectáreas continúen vírgenes a la llegada del cemento.

La mayor parte de las nuevas residencias forman parte de proyectos con campos de golf. Según explicó ayer la responsable de Greenpeace en Cataluña, Ana Rosa Martí, 'una vivienda asociada a un campo de golf se revaloriza en un 40%'. Andalucía encabeza esta lista negra, ya que el territorio acogerá 156 nuevos campos de golf. A larga distancia le sigue la Comunidad Valenciana, que tiene 48 proyectados. Martí fue crítica también con el proyecto de ampliación del parque temático Port Aventura en Tarragona, que contempla la creación de tres campos de golf y la construcción de 2.400 viviendas en las cercanías del parque de atracciones.

Martí pronosticó que mientras los ayuntamientos sigan financiándose con la venta de suelo, 'será difícil parar el avance del ladrillo a lo largo de la geografía española'. El estudio también alerta del crecimiento de puertos deportivos en todo el país. La organización ha contabilizado un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos que permitirán que se aumente en 42.000 el número de amarres. Los responsables de Greenpeace subrayaron que, si bien en el último año el Ministerio de Medio Ambiente ha mejorado su gestión en la franja costera sobre las que tiene competencias, las medidas anunciadas, como el Plan para la Sostenibilidad, no se han concretado.

Por su parte, el director de campaña de Greenpeace, Mario Rodríguez, criticó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por mantener 3.000 kilómetros de playa sin deslindar, es decir, sin concretar y delimitar claramente la zona pública y privada de la playa.

Esta situación provoca que muchas construcciones costeras permanezcan en terrenos públicos. Sin embargo, Rodríguez reconoció que en 2005, el Ministerio deslindó 488 kilómetros de litoral español. Precisamente, la acción del Ministerio permitió que Greenpeace ganara una de sus batallas: la expropiación del hotel Algarrobico, situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar (Almería). El hotel, estaba edificado sobre un terreno que el Gobierno consideró de dominio público. 'Este ejemplo sirve para mostrar que es posible dar marcha atrás y reconvertir la solución. El Mediterráneo no está perdido', concluyó.

La especulación va mucho más allá de Marbella

El informe de Greenpeace también pone especial énfasis en los casos de corrupción urbanística y en las sentencias contrarias a la urbanización en determinadas zonas que se suceden a lo largo de la costa española.

Según datos de la organización ecologista, la justicia española está investigando en la actualidad más de un centenar de casos en los que están involucrados alcaldes y concejales de todo signo político. 'Los casos detectados en Marbella no son los únicos que se han producido en el país', apunta Ana Rosa Martí, delegada de Greenpeace en Cataluña. La Comunidad Valenciana es la autonomía en la que hay más causas abiertas, un total de 30. Destaca el pueblo de Orihuela, donde el consistorio tiene más de 16 causas abiertas. Le sigue Andalucía, con 21 causas abiertas y más de 70.000 viviendas ilegales repartidos por su litoral. Al margen del 'caso Marbella' se suman otros proyectos investigados en localidades como el Puerto de Santamaría, Sanlúcar de Barrameda o Almuñécar. A continuación se sitúa Asturias, con 17 y Murcia, con una decena de proyectos investigados. En Cataluña, no se ha registrado ningún caso de especulación urbanística.

Greenpeace también señala que aquellas constructoras que sigan trabajando a pesar de que se ha dictaminado la paralización de la obra, deberían ser incluidas en un listado especial para conocimiento público.